En ese marco, el miércoles 4, a las 13.30, se llevará a cabo el Encuentro Virtual Obligatorio por modalidad zoom. Este es el primer paso para solicitar la inscripción en el Registro. En esa instancia se brindará información relevante sobre el trámite a realizar y, en particular, se abordará la realidad de la adopción y sus implicancias.

Quienes estén interesados en participar deben completar el siguiente formulario: https://forms.gle/SuVWRQScY9ExyH9k8

Las personas que asistan al Encuentro estarán habilitadas entre el 5 y el 19 de mayo a remitir el formulario de inscripción y la documentación requerida por ley para integrar el Legajo. Se recuerda que este trámite es exclusivo para personas residentes en Entre Ríos y que se realiza a distancia, mediante la remisión de correo electrónico.

Toda la información referente al paso a paso de la solicitud de inscripción, como así también el detalle de los requisitos a presentar está disponible en https://inscripcionruaer.jusentrerios.gov.ar/

Para realizar consultas, deben comunicarse de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, a los teléfonos: (0343) 4209575/76, por correo electrónico (ruaer@jusentrerios.gov.ar) o a través de whatsapp al 549 343 5329475. También están disponibles las redes sociales: Instagram: @ruaer_mpd y Facebook: Registro de Adoptantes de Entre Ríos- RUAER.

A poco más de dos años de la irrupción de la Covid 19 en el país, dejan de estar vigentes los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que establecieron mecanismos laborales virtuales como parte de las medidas de cuidado dispuestas para frenar los contagios en el país.

«Cada jurisdicción, organismo y entidad de la administración pública nacional deberá disponer el retorno a la modalidad de prestación de servicios que era habitual en forma previa a la vigencia del Decreto 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios», resolvió la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete, a través de la Resolución 58/2022, publicada el mes pasado en el Boletín Oficial.

Un primer paso ya había sido dado a mediados de agosto pasado, cuando los empleados estatales empezaron a retornar a sus puestos de trabajo, aunque bajo un esquema mixto que combinó tareas remotas y «presencialidad programada».

En aquel momento, la norma dictada por el Gobierno fijó la presencialidad para «los trabajadores que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad contra la Covid-19», autorizadas en la Argentina, luego de 14 días posteriores a la inoculación.

Para ese período iniciado en agosto del 2021, el Estado reacondicionó sus sedes, de acuerdo con parámetros establecidos por las autoridades sanitarias para mantener los cuidados que, además del uso de barbijo y la sanitización, obligó a espaciar el número de personas en un mismo ámbito.

Aquella norma fue dictada a partir de la certeza de que se habían alcanzado «altas coberturas de vacunación con una dosis» y que se había registrado un «descenso de casos en la gran mayoría de las jurisdicciones».

De todos modos, ahora también los trabajadores deberán continuar respetando recomendaciones generales para prevenir nuevos contagios de coronavirus y de otras enfermedades respiratorias.

En paralelo y de acuerdo con la resolución firmada el mes pasado por la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, los organismos estatales deben solicitar los certificados de vacunación a sus trabajadores.

En el caso de aquellos que hayan desistido de vacunarse contra el coronavirus deberán «firmar una Declaración Jurada expresando que han recibido y comprendido la información vinculada a la vacunación y que asumen toda responsabilidad derivada de la conducta que adopten».

También, los no vacunados tienen que comprometerse a «tomar los recaudos necesarios para evitar los perjuicios que su decisión pudiere ocasionar al normal desempeño del equipo de trabajo que integran».

Para esta vuelta definitiva a la presencialidad, el Gobierno dispuso que seguirán «exceptuadas» las personas que acrediten documentación médica por pertenecer a grupos de riesgos.

«Solamente hoy siguen trabajando de manera remota aquellas personas que tienen algún tipo de inmunodepresión, una comorbilidad, que establece muy claramente los incisos 5 y 6 de la última resolución de Salud, una situación que impide, con acreditación de certificado médico, la asistencia presencial», explicó en su momento Castellani.

Los exceptuados a prestar servicios de manera presencial son, por un lado, las personas con inmunodeficiencias congénita, asplenia funcional o anatómica, anemia drepanocítica y desnutrición grave, con VIH (dependiendo del status) y pacientes que tomen medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis.

En este grupo también figuran los pacientes oncológicos y trasplantados: con enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a la remisión completa, con tumor de órgano sólido en tratamiento y los trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos.

Además, según los parámetros del Ministerio de Salud, «aquellos trabajadores que tengan diagnóstico de Covid-19, que no hayan requerido internación, podrán reincorporarse a sus lugares de trabajo sin necesidad de presentar resultado de test negativo ni certificado de alta».

Con todo, la resolución que empezó a implementarse hoy advierte que «aquellos trabajadores que no cumplan con la modalidad de servicios exigible serán pasibles de las sanciones que correspondan de conformidad con el régimen disciplinario aplicable». Fuente: Télam

La Secretaría de Comercio Interior envió un requerimiento de información a las empresas Guerrini, Bridgestone, Corral, FATE, Fortalein S.A., Neumasur, Larocca y Pirelli, solicitando a cada una de estas firmas que remitan datos sobre producción, precios de salida de fábrica, de venta a distribuidores como así también costos de producción y comercialización.

En un comunicado, Comercio Interior detalló que se solicitó la remisión de «la producción por tipo de neumático de los últimos (12) meses, el precio de venta de salida de fábrica, por tipo de neumático, de los últimos doce (12) meses, el precio de venta a distribuidores, por tipo de neumático, de los últimos doce (12) meses, el precio de venta sugerido al público, por tipo de neumático, de los últimos doce (12) meses y la evolución de los principales costos de producción y comercialización, por tipo de neumático, de los últimos doce (12) meses».

El informe oficial indicó que «el requerimiento, enmarcado en la Ley de Abastecimiento Nº 20.680, se hace con el objetivo de evaluar y analizar los aumentos de precios en el sector y transparentar el mercado de neumáticos en el país y se da como respuesta a un anterior pedido de información a estas empresas, que no fue respondido por las mismas o fue respondido de forma insuficiente y ahora las empresas tienen 5 días para enviar la información solicitada».

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, junto con el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian, se reunieron el pasado jueves 28 de abril con representantes del sector para analizar la problemática y exigir explicaciones sobre el alza injustificada en los precios de los neumáticos.

Feletti expresó que «se ve una aceleración de precios en los productos finales que no tiene correlación con los costos ni con márgenes de rentabilidad razonables. No vamos a convalidar que se genere una dispersión de precios total, que no se sepa cuál es la correlación con los costos. Por eso, queremos saber qué provoca las dispersiones y qué provoca la permanente presión del precio de los neumáticos al alza».

Finalmente, la Secretaría de Comercio detalló que «el precio de los neumáticos es una cuestión muy importante, ya que su valor incide en toda la cadena de distribución, por el transporte terrestre el principal modo de distribución de bienes en todo el país». Fuente: El Once