Por Fabián Galarraga, coordinador Proyecto Imaginarte
Esta ley, aprobada con urgencia y justo respaldo social, buscaba reparar una situación trágica: más del 10% de argentinos con discapacidad sufren barreras gravísimas en salud, educación, trabajo y acceso a prestaciones básicas, agravadas por demoras, incertidumbre por auditorías y destrucción institucional.
Rechazar la emergencia no es solo negar recursos esenciales: es perpetuar el abandono estatal y avalar un discurso cruel, como el que alguna vez expresó un responsable oficial, afirmando que “no es culpa del Estado tener un familiar con discapacidad”. Milei y su gestión siguen congelando derechos, despreciando las necesidades y profundizando la exclusión.
Este veto es un duro golpe para la dignidad, un mensaje letal para miles de familias que luchan día a día contra la indiferencia oficial. Rechazamos con firmeza esta medida destructiva y convocamos a toda la sociedad y representantes parlamentarios a redoblar la lucha por una discapacidad con derechos plenos.
