Este jueves La Pirámide recibió un fallo judicial por un caso de bullying a una estudiante de una escuela privada de Concepción del Uruguay. El fallo, dictado por la jueza del Juzgado Civil y Comercial N°1 de Concepción del Uruguay, Dra. Sonia Rondoni, sentará precedente en la provincia.
Según se expresa en el fallo judicial al que accedió La Pirámide, durante 2022 la adolescente recibía agresiones por parte de sus compañeros de clase, quienes además se mostraban poco solidarios respecto de las actividades y tareas cuando la menor debía faltar a clases debido a la enfermedad de su madre.
La explicación del defensor legal de la madre y su hija, Dr. Ricardo Monzón, sobre la medida «autosatisfactiva».
«A comienzo de marzo 2023, volvieron los episodios de hostigamiento, no siendo incorporada a los grupos de WhatsApp, y ante sus exposiciones sus compañeros se reían fuerte, la grababan con la app Tik Tok burlándose, se hacían publicaciones en otras redes con apodos» hacia la menor, presenta el fallo en su visto.
Asimismo, se relata que las autoridades del colegio privado «no estaban enteradas» de la situación que atravesaba la menor.
En este marco, «la progenitora realiza una nota al obispo, y este a la apoderada legal. Denuncia que ante la queja, las autoridades del colegio intentan tapar lo sucedido, logrando que el hostigamiento se fortalezca, y el colegio intente directamente eliminar a la alumna», afirma el documento.
El fallo determina que «el vínculo de las partes es un contrato de prestación de servicios educativos privado», por lo que el Dr. Monzón impulsó una medida «autosatisfactiva» que, presentada ante el juez, busca que ponga fin a una situación.
Luego de la comunicación de la madre al Obispo, «se rompe el canal de diálogo entre la institución y la mamá, y luego de una confusa discusión entre compañeras, le comunican que aprovecharían para pedirle a C. (esta redacción resguarda el nombre de pila de la menor) que se vaya del colegio, siendo que la adolescente nunca quiso dejar la institución».
Además, «la institución bloqueó el usuario donde se realizan los pagos mensuales, por lo cual remite los pagos a correo electrónico de la institución. En el mes de octubre C. advierte que sus compañeros tienen un formulario, y estudios médicos para la inscripción del ciclo lectivo 2024, que debían entregar hasta el 30/10/2023, sin que la adolescente ni su madre estuvieran informadas», continúa el fallo.
Hacia el final del fallo se ordenó a la institución educativa «a inscribir a la adolescente en el ciclo lectivo 2024, sin modificar orientación ni turno al cual concurría, instando a la institución educativa a que aborde la problemática instalada con herramientas propias, diseñada por su equipo interdisciplinario, instando a los progenitores a mantener una colaboracion activa».
La palabra de la madre
La responsable legal de la menor dio a conocer su palabra y expresó que su hija sufrió «acoso escolar» y que «lo padeció en carne propia, como yo lo sufrí como madre, frente a un Colegio que lo negó, enfrentó a los padres de los involucrados e intentó echar a la alumna de la institución, pero finalmente la Justicia puso las cosas en su lugar».
La mujer explicó: «El acoso a mi hija comenzó durante el año escolar 2022, y pese a que lo expuse frente a las autoridades del Colegio no obtuve respuestas. Al año siguiente, en marzo de 2023, presenté una nota al Colegio, reiterando lo que continuaba sucediendo con mi hija, con copia al Obispo diocesano».
«Mi nota causó profundo malestar, intentando sus autoridades, especialmente uno de
los responsables del Colegio que me retractara. Luego el propio Obispo y responsables de la institución, insisten en sugerir, un cambio de colegio para mi hija», afirmó.
Y apuntó que desde la dirección de la institución «se negaron a seguir cobrando la matrícula mensual, teniendo que pagarla mes a mes mediante transferencia. Que intentaron impedir que mi hija pudiera matricularse para el año 2024. Que siempre negaron la situación padecida por mi hija, buscando de modo insistente la manera de que no continuara sus estudios en el establecimiento».
Además, señaló «que intervino la Dirección de Educación Privada del CGE, aportando solo algunos comentarios y sugerencias, pero jamás intentaron apercibir o sancionar al Colegio por su proceder».
Y finalizó: «Después de casi transcurrido un año, donde mi hija y yo, viviéramos de forma
permanente un maltrato por parte de las autoridades de este Colegio católico, con un
ideario que se presume humanitario, quisiera por lo menos, recibir un pedido de
disculpas por parte del máximo responsable de la Institución, Monseñor Héctor Luis
Zordán, porque creo que el daño hecho es irreparable y contrario a las prácticas
evangélicas».
