En comunicación con Radio Folk y entrevistado por el periodista Fabián Galarraga, este viernes por la mañana el diputado nacional Daniel Arroyo, quien integra el bloque Unión por la Patria, brindó detalles de lo que se vivió el día de ayer tras aprobarse la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El Poder Legislativo con los dos tercios de votos que se necesitaba para poder aprobar la Ley, dio por aprobada esta emergencia que ahora deberá seguir su curso y lograr no ser vetada por el Presidente Javier Milei.
Sobre esto, el diputado Arroyo expresó «más allá de que yo sea el autor, este proyecto estuvo fuera de la grieta, fue acompañado por todos los bloques, y ayer en el Senado se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad».
Esta aprobación, según el diputado significa tres cosas. «Uno es que se van a recomponer las prestaciones. Hoy, una persona que trabaja en un taller protegido, que va todos los días a trabajar cuatro horas a una herrería, a una carpintería, una persona con discapacidad, cobra 28.000 pesos por mes, no por día, por mes. Un transportista cobra 541 pesos del litro de nafta. Como la nafta sale 1.300 pesos, en vez de llevar a las personas cinco días hacia el tratamiento, que es lo que corresponde, con suerte las lleva a dos. Una acompañante terapéutica, cobra 3.000 pesos la hora a 180 días. Como no cobra nunca, siempre está buscando otro laburo y está rotando, y se rompe la esencia del sistema de acompañamiento, que es estar permanentemente con una misma persona. Les di tres ejemplos y les puedo dar 20. En la primera parte de la ley lo que hace es recomponer el nomenclador, es decir, las prestaciones. Recompone todas las prestaciones que hoy están todas paradas, desacomodadas por completo. En segundo lugar, ordena las pensiones. Nosotros tenemos 1.200.000 personas con pensión por discapacidad. El gobierno hizo una auditoría, lo cual está bien, hay que hacer una auditoría, pero decidió hacerla mal. Hacer bien la auditoría es ir a ver dónde están los problemas. Si hay médicos que dieron muchas saltas, hay que ver ahí qué pasó y evaluar esos casos. O si hay localidades donde hay muchísima gente por arriba del promedio, hay que ver qué pasó en esas localidades. En vez de hacer eso, el gobierno mandó 300.000 cartas de documentos. La gente va, viene, hace 10 horas de cola, se traslada 200 kilómetros, le piden a alguien que tiene ceguera de nacimiento que vuelva a hacer todos sus estudios. La ley lo que dice es, haga bien la auditoría, vaya y vea dónde está el problema, pero reordene las pensiones. No puede seguir en esta situación de desesperación que nadie sabe qué papel presentar, de qué manera, los médicos no saben qué evaluar. El gobierno hizo una resolución en enero, la anuló en mayo. Y finalmente la ley lo que plantea es, salga del maltrato. El gobierno denominó a una persona con discapacidad en una resolución en el boletín oficial de enero como idiota, imbécil, débil mental. El vocero presidencial nos mostró una radiografía de un perrito y una colita. Nos dijo que la persona había accedido a una pensión por discapacidad, lo cual no es cierto. Nunca accedió a una pensión por discapacidad. Lo tercero que dice la ley es que usted tiene que respetar, no puede maltratar, tiene que respetar. Son las tres partes de la ley, que haría que cambie la situación», puntualizó.
«Ya fue aprobada. Espero que el gobierno no la vete y haga lo que tiene que hacer, que es ponerla en marcha para tener una política pública», destacó.
Sobre el argumento que dio el Estado Nacional acerca de los costos fiscales de las pensiones, el diputado aseguró que las prestaciones significan un «0.003% y no es costo fiscal, es deuda. Esto pasa porque el Estado no aumentó el nomenclador, no cumplió con la ley. En todo lo que va del año, aumentó 0.5% el nomenclador. El gobierno no cumplió con la ley, no actualizó el nomenclador. Entonces no es cuál es el costo fiscal, que es bajísimo, sino cuánto le deben, el Estado le está debiendo a las personas con discapacidad y a sus familias».
Seguidamente el diputado insistió «¿hay que hacer auditoría? sí, claramente. El problema es que el gobierno decidió hacerla mal porque quiere hacer un recorte imposible de cumplir. Entonces, decidió desacomodar todo el sistema porque no tiene cómo cumplir la pauta que le pidieron desde el Estado Nacional, que es un recorte del 30%».
Finalmente habló sobre la posibilidad de que el Presidente Javier Milei vete esta ley tal cual lo adelantó días atrás, «primero sería cauto, yo espero que alguien se acerque al Presidente con racionalidad, datos e información de qué es lo que está pasando en discapacidad. Necesitamos que los funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad tengan la inteligencia y la capacidad como para decirle a los funcionarios que el problema es brutal, que es desesperante, que la gente no da más y que les haga entender a quienes toman decisiones de gobierno que esto es de pura justicia y de pura racionalidad y que no lo vete primero».
«Si lo vetara, nosotros podemos insistir con las dos terceras partes de los votos en la Cámara de Diputados y eso es lo que pasó. El gobierno ya vetó dos leyes, consiguió 87 héroes para sostener el veto. Parte de esos héroes acompañaron la ley de emergencia en discapacidad, así que yo apuesto a la racionalidad, que el gobierno no vete la ley y que la ponga en marcha», concluyó el diputado nacional Daniel Arroyo.
