De esta manera, realizaron un comunicado:
«A tal efecto se señala:
- El mismo es INCONSTITUCIONAL, pero además carece de transparencia, y dejará abierta la puerta para volver sobre el proyecto presentado originalmente, toda vez que atribuye la potestad al poder ejecutivo para la incorporación de nuevas rutas, mediante la elaboración de un simple informe técnico que justifique dicha solicitud. Este informe cabe destacar, estaría bajo la órbita del mismo ejecutivo.
- Afecta de manera directa la competitividad de nuestras empresas regionales, golpeadas por la cruda realidad económica y que nos encontramos en desventaja “natural” respecto de empresas de otras partes del país, que producen o elaboran productos de similares características. En este sentido es importante señalar que en Río Negro, pagamos fletes elevados debido a las grandes distancias, tanto para recibir materias primas o insumos como así también a la hora de vender nuestros productos terminados dentro y fuera de la provincia. Además contamos con uno de los costos de energía eléctrica más caros del país, insumo fundamental para producir, y que en breve experimentará un nuevo impuestazo, votado el 17 de noviembre pasado, que grava la energía con un 5% y cuya recaudación iría destinada a un tercer fondo provincial. Tenemos como si fuera poco, un costo laboral 20% más elevado que el resto de Argentina, por zona fría, y ahora peajes provinciales y con la idea de provincializar rutas nacionales también con cobro de peaje. Sin mencionar todas las limitaciones logísticas que nos impiden llegar con nuestros productos a buena parte del país e inclusive duplicando costos en Patagonia, ya que nuestros productos van a Buenos Aires, para luego volver por ejemplo a: Comodoro Rivadavia, Trelew, Viedma, etc. Incomprensible!. Así desean contribuir al desarrollo económico de la región? Las Pymes somos el 70% del trabajo y el 42% de toda la riqueza generada en el país. Sostenemos con nuestros impuestos al Estado. Una pyme cerrada NO PAGA IMPUESTOS.
Si hablamos de la Ruta Provincial 2, que pagaremos todos los usuarios, además, es la vía de salida al puerto de San Antonio Este, a donde llega el 70% de lo generado en el Alto Valle, para exportación. Esta ruta fue terminada a fines de 2020 con los impuestos de todos los rionegrinos, siendo por otra parte, el acceso a Las Grutas, uno de los destinos turísticos más populares, que el propio gobernador aseguró no tendrían peajes.
- Implica claramente una transferencia de costos de las empresas que operan en Vaca Muerta, en su gran mayoría multinacionales, extrayendo nuestros recursos naturales y por los cuales pagan miserables regalías. En este sentido fue el mismo gobernador que argumentó que el peso de los camiones que transportan áridos, conocido como “el camino de la arena”, destruyen nuestras rutas.
- Todo esto redunda en mayores costos para los rionegrinos, a la hora de pagar productos básicos como alimentos, debido al costo logístico de las empresas. Estos, necesariamente impactan en los precios de venta de los productos, ante la imposibilidad de seguir absorbiendo aumentos por parte de las Pymes. Cabe recordar que en nuestra provincia la inflación de abril fue un 8,5% más elevada que en el resto del país.
- Rechazamos toda alternativa de “provincialización” de las rutas nacionales, por cualquiera de los métodos que se pudieran gestionar.
- La inconstitucionalidad de la ley ante la falta de caminos alternativos, que tiene como emblema, por ejemplo que desde ya descartamos, el hecho que si se provincializara la Ruta Nacional 22, automáticamente pasaría al régimen de peajes, encontrándose ya la Ruta 65, único camino alternativo a la mencionada, dentro de la primer etapa de cobro. Y por supuesto como un plus en el “abuso de poder” de quienes creen que nuestros recursos y caminos les pertenecen; la doble imposición que implicaría el pago de los mismos.
Consideramos inoportuno e insensato este manotón de ahogado que lo que intenta una vez más, a costa de los rionegrinos, es gravar de algún modo la actividad económica de pequeñas y medianas empresas, que abrumadas por la situación actual, no contamos con margen para seguir absorbiendo costos. Pero además es un atropello a todos los ciudadanos rionegrinos que hemos visto en los últimos tiempos desmoronar nuestro poder adquisitivo, fruto de las malas decisiones de la política en general.
Exhortamos a nuestros legisladores a tomar conciencia de la situación, como así también a la Sra. Adriana Santagati, Defensora del Pueblo de la Provincia, a expedirse en esta cuestión, que como expresamos anteriormente es en primer lugar inconstitucional y se encuentra viciada de ambigüedad en la letra, pisoteando y avasallando nuestros derechos más elementales.
Entendemos que dicha ley es una nueva caja de la política que intentan armar a expensas de todos aquellos que trabajamos. En este sentido, y para graficar lo dicho anteriormente, el Ministro de Infraestructura de Jujuy, expresó que dicha recaudación: “No Garantiza fondos para obras”, finaliza el documento.
