Además, también destaca la estructura integral regulatoria de Chile en contraste con el enfoque legal fragmentado e incompleto del Uruguay. Profundicemos más en este importante tema.
El estado regulatorio de los juegos y casinos digitales en Uruguay en contexto
La regulación de los casinos online en Uruguay actualmente se encuentra en una etapa preliminar, caracterizada por un marco legal limitado y en proceso de desarrollo. La Ley No. 16.736, promulgada en 1996, regula los casinos físicos bajo la Dirección General de Casinos (DGC) del Ministerio de Economía y Finanzas, pero no aborda específicamente el juego online. En 2017, surge el Decreto N° 366/017 el cual prohíbe las plataformas no autorizadas y restringe los pagos electrónicos asociados, obligando a los proveedores de internet a bloquear sitios sin licencia. Un proyecto de ley presentado en 2021, aprobado por el Senado en 2022 y aun en discusión en la Cámara de Diputados, busca legalizar los casinos online, permitiendo a los operadores de casinos físicos, ofrecer sus servicios de entretenimiento en formato digital. Este proyecto incluye medidas contra el lavado de dinero y la ludopatía, destinando un 5% de los ingresos brutos a programas sociales. Sin embargo, la demora en su aprobación, con debates pospuestos este año, refleja un avance lento, dejando a Uruguay con un entorno regulatorio fragmentado donde los jugadores dependen de plataformas con licencias extranjeras, como las de Malta, que operan en un vacío legal.
Progreso regulatorio en Chile
Chile está a punto de promulgar oficialmente una regulación robusta y completa para estas plataformas de entretenimiento este año, tras los avances significativos que ha habido en su marco legislativo, lo cual impulsará el crecimiento y la oferta para encontrar el mejor casino online chile. En diciembre 2023, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que regula las plataformas digitales, y en abril 2024, la Comisión de Economía del Senado lo respaldó por unanimidad. Este proyecto, pendiente de aprobación final por parte de la Comisión de Hacienda, establece un sistema de licencias gestionado por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), con un costo inicial de 75,000 dólares y un impuesto del 20% sobre ingresos netos. Según El Mostrador, se proyecta una recaudación fiscal de 82 millones de dólares anuales, con un 2% de los ingresos brutos destinados al deporte.
La normativa incluye medidas de juego responsables, como autoexclusión unificada para casinos físicos y digitales, verificación de identidad y prohibición de publicidad engañosa, abordando la ludopatía, que afectó al 3% de los jugadores en 2024. La SCJ, que supervisa 25 casinos físicos, garantizará la seguridad y transparencia, posicionando a Chile como líder regional en regulación del iGaming.
Comparación de los marcos regulatorios
La regulación chilena supera ampliamente a la uruguaya en términos de estructura y avances. Chile ha desarrollado un marco integral que unifica la supervisión de casinos físicos y online bajo la SCJ, con requisitos claros de licenciamiento, fiscalización remota y protección al consumidor. En contraste, Uruguay carece de un sistema de licencias específico para plataformas digitales, y su proyecto de ley, aún no aprobado, se limita a extender permisos a operadores físicos, excluyendo potencialmente a nuevos actores digitales. Mientras Chile proyecta implementar su normativa en 2025, bloqueando sitios sin licencia y regulando la publicidad, Uruguay depende de medidas reactivas, como el bloqueo de IPs, sin un enfoque proactivo. En 2024, el 60% de los jugadores chilenos usaban plataformas reguladas internacionalmente, pero la nueva ley reducirá esta dependencia, mientras que en Uruguay, el 80% de las transacciones ocurren en sitios no regulados localmente.
