La decisión de Karina Milei de retirar la medida cautelar que impedía la difusión de audios atribuidos a su persona, supuestamente grabados en la Casa Rosada, se produjo tras una ola de rechazos provenientes de entidades periodísticas, abogados y otros sectores que consideraron la restricción como un acto de censura previa.
En su presentación ante el juez que había concedido la cautelar, Alejandro Maraniello, la funcionaria y hermana del presidenta Javier Milei afirmó que los audios divulgados no comprometen la seguridad nacional ni la intimidad de su familia, y recordó que ya existe una causa penal en curso sobre el asunto. No obstante, sostuvo que las grabaciones fueron obtenidas de manera ilegal y con el objetivo de desinformar y causar daño político y personal.
A principios del corriente mes, el Gobierno denunció ante la Justicia Federal la existencia de una operación de inteligencia destinada a grabar conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, con la intención de desestabilizar al país en plena campaña electoral.
Así lo comunicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien calificó el hecho como una “maniobra golpista” y precisó que la denuncia se presentó luego de que el viernes anterior se difundieran los audios de la funcionaria.
Adorni, a través de sus redes sociales, expresó: “Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”.
La preocupación en el Ejecutivo se intensificó al conocerse que podrían existir grabaciones de más ministros, con la posibilidad de que nuevos audios salieran a la luz en los días siguientes. El contexto de la filtración se agravó por la difusión de grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, quien denunció sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un hecho que se investiga en otra causa. En los registros emitidos por un canal de streaming, Karina Milei no hizo referencia a los hechos de la ANDIS ni a la causa judicial relacionada, aunque desde el entorno oficial advirtieron que se trataba apenas del inicio de una serie de nuevas grabaciones.
La preocupación del Gobierno
El mismo viernes en que se conocieron las grabaciones, hace más de quince días, el equipo legal que asiste a Karina Milei pidió la medida cautelar de la que ahora desistieron. El planteo fue convalidado por el juez Maraniello, titular del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N°5 de CABA, quien ordenó que ese material dejara de emitirse en los medios. El juez aclaró que la restricción era de caracter provisorio y excepcional, pero no tardó en levantar fuertes reacciones del ámbito político, judicial y periodístico.
La alarma en el Gobierno no se centró en el contenido de las grabaciones, sino en lo que implicaban: la posibilidad de que cualquier funcionario hubiese sido espiado durante los casi dos años de gestión. “Si pudieron hacerlo con la persona de mayor relevancia después del Presidente, imaginate con el resto”, comentó con preocupación un alto funcionario.
En la Casa Rosada circulaba la versión de que existirían audios de otros ministros, incluso de uno de peso central que iba a ser blanco de una nueva tanda de filtraciones. Frente a esa posibilidad, hubo una reunión de emergencia a última hora en Balcarce 50. Allí estuvieron presentes Adorni, el asesor Santiago Caputo, el viceministro de Justicia Sebastián Amerio y el apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola, entre otros. El delineado final de la estrategia se terminó de ajustar al mediodía siguiente, en un encuentro entre Adorni, el equipo de Caputo y representantes de la Procuración del Tesoro, con la participación de su titular.
“Naturalizar estas prácticas equivale a legalizar la extorsión política y periodística, travestida como ejercicio de la libertad de prensa”, advirtió el Ministerio de Seguridad en la denuncia penal que presentó ante la Justicia Federal.
Según el documento, las grabaciones forman parte de una “burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520”, que tuvo como objetivo atacar a una de las principales figuras del Gobierno. La presentación oficial advirtió que se trató de una maniobra destinada a “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar la política económica e incidir en el proceso electoral”, un concepto que se reafirmo este martes en la nueva presentación ante el juez Maraniello, no obstante el pedido de dejar sin efecto la medida cautelar.
Para el Gobierno, no se trató de una filtración casual, y consideran, además, que el momento de la difusión tampoco fue inocente: los mismos comenzaron a circular en plena recta final hacia las elecciones legislativas bonaerenses del pasado 7 de septiembre, y a pocas semanas de los comicios nacionales del 26 de octubre. Fuente: Infobae
