El Poder Ejecutivo presentó este viernes un proyecto de ley que solicita “prorrogar por el plazo de un año la vigencia de la Ley Provincial Nº 11.138, prorrogada por Ley N° 11.177, mediante la cual se declaró la emergencia en materia de obra pública en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos”. Se indicó que “la prórroga que se propone, resulta necesaria y razonable frente a la persistencia de las circunstancias extraordinarias que motivaron su dictado y la sucesión de otros hechos, normas y convenios que sobrevinieron a su sanción, aparejando un impacto administrativo, financiero y jurídico de carácter significativo”.

Deuda importante y recursos propios insuficientes

 En aquella línea se sostuvo que “se estima que la deuda correspondiente a certificados emitidos y a emitir, con más sus intereses y que involucran trámites administrativos y judiciales, ascendería aproximadamente a $ 4.382.218.619,74” y se destacó que “los recursos presupuestarios existentes en las partidas pertinentes, resultan insuficiente para cancelar esta deuda sin afectar otras obras provinciales cuyo financiamiento se halla previsto en el presupuesto”. También se señaló que “la suma indicada se atendería de forma ordenada y previsible mediante la línea de crédito instrumentada por Decretos DTO-2025-2813-E-GER-GOB y DTO-2025-3068-GERGOB, posibilitando una gestión eficiente y razonable de los recursos públicos”.

Herramienta contextual indispensable

 El Poder Ejecutivo sostuvo que “la prórroga del régimen de emergencia en materia de obra pública constituye, en este contexto, una herramienta indispensable para posibilitar la negociación en mejores condiciones con las empresas contratistas, facilitando a las mismas el reconocimiento y cancelación de sus créditos, promover la rescisión o renegociación contractual cuando resulte necesario, y reducir de manera significativa la litigiosidad existente o potencial, mediante acuerdos que incluyen el desistimiento de acciones judiciales sin costos para el Estado Provincial”.

En el proyecto se destacó que “el vencimiento de la Ley Provincial Nº 11.177 al 31 de diciembre de 2025, sin una prórroga adecuada, implicaría un riesgo para el interés público comprometido, al frustrar los mecanismos legales diseñados para la regularización de las obligaciones asumidas y comprometer la continuidad administrativa de la obra pública” y se añadió que “la sanción de la presente iniciativa constituye, conforme lo expuesto, un acto de responsabilidad impostergable, pues en función de esta herramienta normativa, podrá contenerse y atenderse previsiblemente las deudas por obras públicas, cuidando por un lado las arcas del tesoro provincial y logrando, por otro, satisfacer el crédito de los acreedores, cuidando las fuentes de trabajo vinculadas a los mismos”.

Asimismo, se sostuvo que “la concreción de estas metas, permitirá dar respuesta a los intereses y necesidades públicas involucradas, en beneficio de todos los habitantes de nuestra provincia, por cuanto la cancelación de las deudas existentes, habilitará avanzar a la etapa inmediata posterior de toma de decisiones sobres las obras públicas involucradas. Por todo lo expuesto, solicito a esa Honorable Legislatura, el tratamiento prioritario y la oportuna sanción del presente proyecto.

Decisiones políticas nacionales que impactaron en Entre Ríos

 En el proyecto se destacó particularmente “la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), dispuesta por Decreto Nº 1020/2024 PEN, y la consecuente transferencia a la Provincia de Entre Ríos de la ejecución, administración y cierre de numerosas obras públicas financiadas originalmente con fondos nacionales”. Así, se agregó que “esta situación derivó en la suscripción del Convenio Marco de Colaboración en materia de Obras Públicas entre la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía de la Nación y la Provincia de Entre Ríos, junto con sus respectivos acuerdos específicos, mediante los cuales el Estado Provincial, priorizando la obra pública y los beneficios que supone para sus habitantes, asumió obligaciones que implican complejos procesos de regularización administrativa y financiera”.

El Gobierno alegó que “la implementación de dichos acuerdos ha generado un volumen extraordinario de trámites administrativos, particularmente en materia de solicitudes de adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas de precios, muchas de las cuales se rigen por normativa nacional diversa a la aplicada por los organismos provinciales competentes, lo que hace necesario extremar los controles y adecuar los procedimientos de formación de la voluntad estatal”.

A aquella situación se añadió “el cúmulo de expedientes, los procedimientos sucesivos de aprobación y la posterior emisión de certificados de obra, determinan plazos prolongados que exceden los términos ordinarios previstos en la legislación vigente, tornándose inviable su conclusión sin la continuidad del régimen de emergencia”.

En el proyecto se resaltó que “la normativa vigente ha permitido instrumentar novedosos y eficientes mecanismos de asistencia financiera y reconocimiento de deuda a favor de los contratistas del Estado Provincial, orientados a regularizar certificados de obra emitidos e impagos bajo esquemas previsibles, transparentes y acordes a las disponibilidades financieras de la Provincia”, no obstante señalar que “una parte sustancial de las obras transferidas a la Provincia, presenta certificados aún pendientes de emisión como consecuencia directa de redeterminaciones y adecuaciones no concluidas, lo que impide la inclusión de dichas empresas en los mecanismos previstos”. (APFDigital)