Esta semana el gobernador Rogelio Frigerio junto a sus pares Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Alfredo Cornejo (Mendoza) irán a la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para hablar de la situación que viven las provincias, repasar las presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia y actualizar los temas que vienen planteando al gabinete.
La convocatoria de estos gobernadores del peronismo, la UCR y PRO estará a cargo del bloque Encuentro Federal de Miguel Pichetto que ya acordó con los mandatarios provinciales su asistencia a la comisión que preside José Luis Espert donde hoy se comenzará a analizar el Presupuesto 2025 con la presencia de Carlos Guberman (Secretario de Hacienda) y Pablo Quirno (Secretario de Finanzas) ante la negativa del Ministro de Economía, Luis Caputo, de asistir a Diputados para exponer sobre la iniciativa.
Enojo de los gobernadores
«Nos convocan, nos prometen y después no cumplen nada». El diagnóstico, compartido por la la liga de gobernadores de Juntos pero también por peronistas como Llaryora o mandatarios provinciales anclados en partidos locales como Hugo Passalacqua (Misiones), Claudio Vidal (Santa Cruz) o Gustavo Saénz (Salta), refleja el frágil marco de alianzas de La Libertad Avanza en el Congreso. De hecho, tanto los diputados santacruceños como los salteños que responden a sus gobernadores se cuentan para la sesión de mañana entre los votos para rechazar el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento educativo.
«Nunca nos llamaron para pedirnos apoyo, el gobierno no nos manifestó nada de cara a la sesión de mañana», aseguran desde el despacho de un gobernador dialoguista ante la consulta de Ámbito. «Puede ser por la vergüenza que deben sentir por no cumplirnos nada», agregan.
El veto a las universidades aparece como la ultima instancia de colaboración con la Casa Rosada pero el Presupuesto 2025 será otra discusión.
Por eso, ante la falta de diálogo con el Gobierno luego de la tensa reunión que los gobernadores mantuvieron hace casi un mes con Caputo y Guillermo Francos en Casa Rosada, los gobernadores irán al Congreso ante el recorte de fondos para obra pública, transporte, salud, educación, la caída de las transferencias por coparticipación y la deuda con las cajas jubilatorias no transferidas, un reclamo que escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese malestar de los gobernadores, incluidos Frigerio, Torres y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, explica también su ausencia ayer en el zoom que encabezó Mauricio Macri para presionar a sus diputados a que voten a favor del veto de Milei a las universidades.
Los gobernadores ya tienen la mira puesta en 2025 y en el debate del primer presupuesto diseñado por la administración libertaria. Si bien en la Casa Rosada creen que contarán con el aval general de los mandatarios, varios de ellos ponen en duda que vayan a dar un apoyo irrestricto. Están decididos a plantear que llegó el momento de que el gabinete empiece a cumplir las promesas de recursos que les viene realizando. Las señales marcan que comenzará un nuevo round.
En el bloque de gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) dan por sentado un «endurecimiento», de su parte, en las negociaciones. Incluso, mencionan que eso ya empezó a verse en cómo votaron los diputados que les responden el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. Y ratifican que este año las provincias están entre las mayores aportantes al ajuste.
Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap), en los primeros nueve meses del año los giros corrientes a provincias cayeron 69,8% real interanual y los de capital nada menos que 95,4%.
Las transferencias a provincias y municipios proyectadas para 2025 suman $3,6 billones ($3,3 billones son giros corrientes), equivalentes al 3,1% del gasto total. La suba sería del 69,9% respecto al cierre estimado para este año, impulsado principalmente por las transferencias corrientes (77,4%) y, en menor medida, por las de capital (21,1%). Politikon Chaco detalla que el alza es casi del doble que el gasto general (32,8%), pero no se puede afinar el análisis porque no hay desagregados.
Un factor clave es la asignación de más recursos para la Ciudad de Buenos Aires (CABA) por el pago del 2,95% de coparticipación, en cumplimiento del acuerdo al que a fines del mes pasado llegaron Luis Caputo y el alcalde Jorge Macri a instancias de la Corte Suprema de Justicia.
Solamente cumplir con CABA y que Anses empiece a transferir fondos a los 13 sistemas previsionales en manos de las provincias «podría consumir todo el volumen presupuestado e, incluso, se quedarían cortos», grafica el economista Alejandro Pegoraro.
«Defaulteadores seriales de promesas», es el concepto que acuñó un grupo de gobernadores para referirse irónicamente a representantes de la Casa Rosada que les aseguran periódicamente que «ya se solucionan, estamos en eso», cuando les plantean problemas como los cero pesos para las cajas de jubilaciones no transferidas o los recursos prometidos para obras públicas transferidas.
Esa lectura es compartida, por ejemplo, por el cordobés Martín Llaryora, por el neuquino Rolando Figueroa, el santacruceño Claudio Vidal, el salteño Gustavo Sáenz y por el rionegrino Alberto Wereltinek. Incluso los mandatarios más consecuentes con Milei, como los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) admiten que apoyan aun cuando tienen «asuntos pendientes» con Nación.
Cuando Milei presentó el proyecto de presupuesto en el Congreso dijo que las provincias deberían reducir U$S60.000 millones los gastos en 2025, cifra que después fue relativizada por el diputado José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto, quien habló de U$S25.000 millones. Los gobernadores reaccionaron inmediatamente y la Rosada intentó bajar la espuma en una reunión con Luis Caputo y Guillermo Francos.
No hubo representantes de Buenos Aires, La Rioja, Tierra del Fuego y Formosa. De hecho, el bonaerense Axel Kicillof y el riojano Ricardo Quintela son dos de los principales críticos de la administración libertaria. Ambos integran las filas del peronismo. En el caso de Kicillof, su administración intenta reemplazar con fondos propios la retirada del gobierno nacional, aunque difícilmente esa política sea sostenible en el tiempo.
En el peronismo anticipan un rechazo liso y llano al presupuesto 2025 tal como lo proyectaron Milei y Caputo. «El presidente habló de un ajuste de 60 mil millones de dólares en las provincias. Luego el jefe de Gabinete acomodó ese número a 20 mil millones de dólares. Esa última cifra es una ficción, porque eso representa la recaudación total del país en dos meses y sería imposible que las provincias achiquen eso», advirtió Guillermo Michel, integrante de la gestión de Sergio Massa en su paso por el ministerio de Economía.
Con fondos propios las provincias vienen cubriendo los giros que Anses incumple para 13 cajas de jubilaciones. Cuatro tienen presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia. El artículo 59 del proyecto de presupuesto establece un crédito presupuestario de $ 254.421 millones para esos giros y añade que «solo podrán requerir el pago de los anticipos a cuenta, aquellas provincias que tuvieran un déficit reconocido, ya sea provisorio o definitivo, que surja de un acuerdo» con Anses de 2021 «o posterior».
Osvaldo Giordano, extitular de Anses y actual director del Ieral de la Fundación Mediterránea, analiza que «se mantiene la discrecionalidad» para las transferencias, a la vez que también siguen las asignaciones específicas de impuestos coparticipables para financiar a Anses. Incluso, en el supuesto caso de que el organismo decidiera pagar, los fondos presupuestados no alcanzan para cubrir el stock de deuda acumulado y reiniciar los giros.
La Fundación Encuentro, un espacio impulsado hace dos años por Miguel Pichetto, estima que si la iniciativa del presupuesto se aprobara sin cambios, las provincias perderían US$ 5.000 millones (al tipo de cambio previsto para diciembre 2025) por la eliminación de tres asignaciones específicas al régimen de previsión social: 11% de IVA; los fondos y fideicomisos del impuesto a los combustibles, y el componente impositivo del monotributo que se asigna a la Seguridad Social. Fuente: La Nación y Ámbito
