A comienzos de este mes la empresa desarrolladora del barrio privado “La Soñada” –a cargo de Pablo Presas y Natalia Turdó– presentó una nota a la Municipalidad local, informando de esta manera la novedad: “Tenemos el agrado de comunicarle que hemos finalmente adquirido (no sin un considerable esfuerzo de búsqueda y negociación) una parcela lindera al Barrio La Soñada para compensar al Municipio de acuerdo a la normativa vigente del código de ordenamiento urbano”.
La nota, fechada el 4 de mayo pasado y a la que tuvo acceso El Miércoles Digital, está dirigida a Hernán Molina Rearte, coordinador General de Planeamiento de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, y se refiere al expediente municipal Nº 758.038 y sus adjuntos, todos relacionados con la controversia por los incumplimientos históricos del emprendimiento, a raíz de las disposiciones del Código de Ordenamiento Urbano.
La propuesta será aceptada por la gestión de Martín Oliva, según aseguraron fuentes del municipio. Se cerrará así una situación irregular que se arrastra desde hace casi 19 años, y que a fines de 2021 produjo un pequeño terremoto en la actual gestión cuando el Concejo aprobó un acuerdo impulsado y luego vetado por el intendente, a raíz de los cuestionamientos de ediles opositores pero también del viceintendente municipal, quien preside el Concejo Deliberante.
Es imposible resumir toda la controversia, pero en el punto siguiente hacemos el intento de dar los principales aspectos.
Una desidia de dos décadas
El barrio privado “La Soñada” nació en 2003 de la mano de su desarrollador inicial, Raúl Villafañe. Las irregularidades vienen desde el inicio del loteo: según establece el COU, Villafañe debía ceder al municipio entre cuatro y seis hectáreas (según quién saque la cuenta) de espacios verdes y calles. Debió hacerlo cuando se aprobó el proyecto, pero nunca se hizo. El emprendimiento avanzó, se lotearon y vendieron terrenos, pero las hectáreas nunca se entregaron. Con el tiempo hubo varias propuestas, y también intentos de ceder otros terrenos que la Municipalidad rechazó. A cambio desde La Soñada se ofreció compensar al municipio con dinero, algo que no está previsto en el COU. Y por supuesto, también hubo acusaciones cruzadas: desde La Soñada aseguraban que las gestiones les “corrían el arco”, o que un funcionario consideraba viable una cesión pero después no se la aprobaban; desde la Municipalidad aseguraban que los terrenos ofrecidos no servían porque eran inundables. En suma: pasaron cinco gestiones (y tres intendentes: dos veces Lauritto, dos veces Bisogni y una vez Schepens), pero ninguna de ellas pudo pudo solucionar el diferendo, tanto por la vía de cobrar el dinero como por la opción prevista en el COU, de los terrenos correspondientes.
Así, durante casi dos décadas, el emprendedor incumplía y el Municipio no controlaba. Hasta que la gestión actual decidió abordar y cerrar este tema. Las razones eran muy sencillas, aunque nunca las explicaron con claridad a la opinión pública: la irregularidad de los terrenos de La Soñada significa que el municipio no puede percibir ingresos millonarios, ya que las casi 170 familias que viven allí pagan impuestos irrisorios porque los lotes técnicamente son baldíos. Hoy, según explicaron a este cronista fuentes del municipio, la suma que pagan los propietarios de lotes de La Soñada implica menos de medio millón de pesos al año. En cambio, si la situación se regulariza se estima que significarían unos nueve millones anuales que se sumarían a la recaudación.
Por eso, el acuerdo tenía mucho sentido para la gestión: se dejaba atrás esa historia de malentendidos y al regularizar, se podría por fin cobrar a esos vecinos y vecinas lo que corresponde. Ni Oliva ni sus funcionarios lo dijeron en público pero la intención de solucionar el problema pasaba centralmente por ese horizonte recaudatorio, y de allí el entusiasmo inicial en noviembre del año pasado cuando parecía que al fin llegaba la solución. También el nuevo desarrollador (la empresa de Presas y Turdó) tenía razones para celebrar: la irregularidad del barrio es un escollo para nuevos proyectos. Con el acuerdo que el Concejo debía aprobar, La Soñada pagaba 7,5 millones para compensar las hectáreas que se debían ceder, se comenzaba la regularización del emprendimiento, la empresa desarrolladora podía seguir su proyecto y la Municipalidad comenzaría a recaudar. Era el final feliz que se esperaba.
Pero el diablo metió la cola (en realidad, fue la complejidad de la disputa y algo de mala información). Primero un concejal vecinalista (Aldo Montañana) se opuso y reclamó en público que se estudiara mejor el tema, porque no le daban las cuentas: cuatro (o casi seis) hectáreas valían mucho más que ese monto, y no se entendía por qué se había llegado a esa situación. Para colmo, el viceintendente (Ricardo Vales) descolocó a propios y extraños al aprovechar la situación para posicionarse en contra del acuerdo. Lo que argumentaban es que los 7,5 millones era muy poco para compensar las cuatro (o seis) hectáreas, que valen mucho más que ese monto.
Desde La Soñada replicaban que no se debe tomar el valor actual, sino el que tenían las tierras en esa zona antes de la inversión desarrollada. O como mínimo, un promedio. El Ejecutivo Municipal lo subió a 9 millones y el acuerdo se aprobó en el Concejo, pero con votación dividida (en todos los bloques) y con la novedad absoluta del vice oficialista pidiendo a los concejales del oficialismo que no la votaran (sin éxito). Como consecuencia de la polémica, el intendente Oliva terminó vetando la ordenanza que él mismo impulsara, para dar tiempo a estudiar mejor el tema y habilitar todos los diálogos necesarios, según explicó. Desde entonces pasaron casi seis meses donde no hubo novedades.
¿La solución?
Hasta esta semana en que El Miércoles pudo confirmar la noticia: a comienzos del mes en curso, la empresa desarrolladora de La Soñada, con la firma de Pablo Presas y Natalia Turdó, presentó una nota (ver facsímil) a Hernán Molina Rearte, coordinador General de Planeamiento de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, donde le comunica la adquisición de una parcela lindera al barrio privado “para compensar al Municipio de acuerdo a la normativa vigente del código de ordenamiento urbano”.
La nota detalla la ubicación de los terrenos: al sur linda con La Soñada, y calle pública Rubinsky de por medio; al este con terrenos de Anibal Adolfo Fornasari y calle pública proyectada de por medio; al oeste-sur lindan con loteo abierto de Jorge Esteban Conte y calle pública de por medio; al oeste-norte con una fracción adquirida por RUS TERRUS a Stella Maris Conte y cedidas a la Municipalidad de Concepción del Uruguay como compensación por otro barrio privado, Las Acacias; y al norte linda con la prolongación de calle pública proyectada, con nacimiento en calle Granillo Posse. El lote se encuentra en planta urbana, tiene una longitud de 249.60m de lado y 160.40m de frente, y un total aproximado de 4,005 hectáreas.
Al tratarse de tierras linderas, la discusión por el valor de la hectàrea queda “abstracta”, como dicen los abogados. Debería, por lo tanto, ser la solución a la larga controversia. Por eso la nota concluye expresando su deseo de que “la propuesta de cesión de estas cuatro hectáreas sea finalmente del beneplácito del Municipio para poder así dar por finalizado, siempre con buena fe y equidad como se ha venido actuando, el ordenamiento normativo sobre el Barrio Privado La Soñada”.
Final de una larga controversia
Presas y Turdó hacen referencia en su nota a que “dada la historia y los años transcurridos que ya lleva este conflicto” la situación perjudica “principalmente a los actuales 168 residentes del barrio”. Pero lo cierto es que también la Municipalidad viene siendo perjudicada, ya que –como se explicó antes– pierde cada año de recaudar varios millones de pesos que se podrían volcar en obras públicas y otros proyectos para beneficio de la comunidad uruguayense.
Hasta el momento desde la gestión no se han hecho declaraciones públicas al respecto, pero fuentes de la gestión aseguraron ante la consulta de este cronista que la nueva propuesta será aceptada. De manera que si la Municipalidad acepta la cesión de las tierras ofrecidas, será el final de una historia de desidia iniciada casi 20 años atrás.
Vale destacar que se viene realizando una serie de diálogos de cara a la modificación del COU. Sería bueno tomar nota de las dificultades constatadas con los por ahora escasos barrios privados aprobados en el ámbito municipal. Sin duda es una buena oportunidad para regular con mayor razonabilidad la temática, para lo cual debería tenerse presente dar lugar a la discusión ciudadana al respecto. Fuente: El Miércoles Digital
