El Poder Judicial de Entre Ríos fortaleció en 2025 las políticas con perspectiva de género

A través del Centro Judicial de Género y sus áreas especializadas, el STJER profundizó acciones de prevención, atención y sanción de las violencias, con foco en la capacitación, la protección de derechos y la innovación tecnológica.

Durante 2025, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) desarrolló una política judicial integral con perspectiva de género, orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias por motivos de género. Las acciones se articularon a través del Centro Judicial de Género “Dra. Carmen María Argibay”, en coordinación con la Oficina de la Mujer (OM), la Oficina de Violencia de Género (OVG) y el Programa de Gestión Judicial.

Este trabajo conjunto permitió fortalecer la capacidad institucional del Poder Judicial, promoviendo respuestas integrales, basadas en evidencia y alineadas con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

En ese marco, la Oficina de la Mujer profundizó su rol estratégico en la transversalización de la perspectiva de género. Entre sus principales avances se destacó el fortalecimiento del Registro de Jurisprudencia con Perspectiva de Género de Entre Ríos, que alcanzó 1.940 resoluciones, y su participación activa en la Base de Jurisprudencia de Género de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Asimismo, elaboró y difundió el Mapa de Género de la Justicia Entrerriana 2024, herramienta clave para identificar brechas y patrones de segregación dentro del Poder Judicial, y sostuvo su aporte al Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, contribuyendo al diseño de políticas públicas basadas en datos.

La capacitación obligatoria en perspectiva de género, en cumplimiento de la Ley Micaela, constituyó otro eje central de la gestión. Durante 2025, las instancias formativas alcanzaron al 85 % de la planta del Poder Judicial, e incluyeron también capacitaciones ordenadas judicialmente a personas ajenas al ámbito judicial.

Por su parte, la Oficina de Violencia de Género desarrolló acciones permanentes para garantizar la tutela judicial efectiva y la protección inmediata de mujeres y personas en situación de violencia en toda la provincia. Entre sus funciones se destacaron la recepción y tramitación de denuncias, el funcionamiento ininterrumpido de guardias judiciales y la articulación con fuerzas de seguridad, juzgados, fiscalías y organismos del Poder Ejecutivo.

La OVG administra además el Programa de Botón Antipánico, una herramienta tecnológica destinada a mujeres en situación de alto riesgo, articulada de manera permanente con el sistema de emergencias 911.

Según datos del sistema REJUCAV, entre enero y octubre de 2025 se registraron 10.868 expedientes judiciales vinculados a violencia contra mujeres, con un promedio de 1.086 denuncias mensuales, equivalente a una denuncia cada 40 minutos en la provincia. El 79 % de los hechos ocurrió en el ámbito doméstico y en el 66 % de los casos el agresor fue pareja o ex pareja. Además, más de 4.600 mujeres realizaron redenuncias, lo que evidencia la persistencia de las situaciones de violencia.

En paralelo, el STJER continuó trabajando en el Sistema Interinstitucional de Abordaje de la Violencia (SIAV), una herramienta destinada a brindar respuestas más rápidas e inmediatas a las víctimas. En ese marco, el Laboratorio de Innovación Judicial financiará el módulo de alojamiento seguro para personas en situación de violencia, proyecto seleccionado en un concurso impulsado por BID Lab y Juslab, entre 108 iniciativas de todo el país.

El sistema permitirá, entre otras funciones, formular denuncias con predicción temprana de riesgo, monitorear en tiempo real los botones antipánico, generar alertas, y visualizar la situación de los alojamientos de las víctimas, con notificaciones automáticas a los organismos intervinientes.

Las acciones desarrolladas durante el año reafirman el compromiso institucional del Poder Judicial de Entre Ríos con la igualdad, la no discriminación y el acceso efectivo a la justicia, en cumplimiento de la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, la Ley Nacional N.º 26.485, la Ley Micaela y los acuerdos generales del STJER.

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