miércoles, enero 8, 2025
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    El Gobierno intentaría privatizar Corredores Viales y la Administración General de Puertos

    Según detallaron fuentes del oficialismo a este medio, desde el Gobierno consideran que estas empresas hacen un trabajo "redundante" con organismos y ministerios que ya existen. En este caso, detallaron que Corredores Viales se ocupa de las mismas áreas que la Dirección Nacional de Vialidad, mientras que AGP duplica las funciones de la Secretaría de Puertos y Vías navegables.

    El gobierno de Javier Milei tiene en la mira dos nuevas empresas estatales que buscará privatizar en las siguientes semanas: se trata de Corredores Viales y la Administración General de Puertos (AGP).

    Según fuentes oficiales a las que accedió Ámbito, la administración libertaria buscará avanzar con el cierre, o al menos esquemas de privatización, de dichas compañías que consideran que «hacen el trabajo redundante» con otros organismos y ministerios existentes.

    De esta manera, el Gobierno suma dos nuevos ítems a una larga lista de empresas u organismos del Estado que buscan ser privatizadas, reestructuradas o cerradas. En los últimos meses, destacan los debates generados en torno a Aerolíneas Argentinas, la Casa de la Moneda, ARSAT, Trenes Argentinos, entre otras.

    En el caso de Corredores Viales, es una sociedad anónima que registra 3.565 trabajadores contratados en blanco. Entre sus principales tareas, el organismo se hace cargo del mantenimiento y la reparación de 10 de las principales rutas y autopistas del país.

    En total, la empresa cubre casi 6.000 kilómetros de corredores viales a lo largo y ancho del país. Su titular es, desde 2024, José Luis Acevedo.

    Por otro lado, el Gobierno también busca avanzar sobre la Administración General de Puertos. La AGP fue creada en 1956, mediante el decreto-ley 4263/56. Entre sus principales funciones se encuentran la explotación administración y mantenimiento de todos los puertos marítimos y fluviales del país, a excepción de los que son responsabilidad de Prefectura Nacional Marítima y la Dirección Nacional de Aduanas.

    En la actualidad, el organismo rector sobre los puertos cuenta con 581 empleados de planta permanente. Su titular es Gastón Alejo Benvenuto, quién tiene a cargo la administración del puerto de Buenos Aires y el Sistema de Navegación Troncal.

    Según detallaron fuentes del oficialismo a este medio, desde el Gobierno consideran que estas empresas hacen un trabajo «redundante» con organismos y ministerios que ya existen. En este caso, detallaron que Corredores Viales se ocupa de las mismas áreas que la Dirección Nacional de Vialidad, mientras que AGP duplica las funciones de la Secretaría de Puertos y Vías navegables.

    Bajo esta justificación de desregular el Estado y bajo el discurso de mejorar la eficiencia en la utilización de recursos estatales, la administración de Milei se apalanca en el trabajo de los ministros Caputo y Sturzenegger para avanzar en el cierre y/o privatización de empresas en mano del Estado.

    El conflicto con Aerolíneas Argentinas
    Desde hace unos meses, el oficialismo mantiene un fuerte conflicto con los gremios de aeronavegantes. Ante las intenciones de Milei de avanzar con la privatización de la aerolínea de bandera, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLAS) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) llevaron a cabo, en las últimas semanas, diversas medidas – tales como paros o asambleas – en rechazo de la decisión del Presidente.

    Cabe destacar que Aerolíneas Argentinas era una de las empresas incluidas en la ley Bases para declarar sujeta a privatización. Sin embargo, tras las negociaciones con la oposición, el oficialismo la dejó por fuera del listado final.

    Sin embargo, y tras numerosos episodios de conflicto, en la última semana el Gobierno declaró como «sujeta a privatización» a la compañía aerocomercial. A través del Decreto 873/24 la administración nacional dio el primer paso para desprenderse de la empresa estatal. Entre los motivos, el Gobierno aseguró que «el Tesoro Nacional no se encuentra en condiciones de mantener una empresa altamente deficitaria».

    El decreto ingresó el miércoles 2 de octubre a la Cámara de diputados, en donde continuará sujeto a debate de las comisiones en la Cámara baja. Será el organismo parlamentario el que, en las próximas semanas, defina el destino de la aerolínea de bandera.

    El cierre de la Casa de la Moneda
    La Casa de la Moneda, actualmente presidida por Daniel Méndez, es una empresa pública, industrial y comercial, que depende del Ministerio de Economía y cuenta con más de 1.000 empleados estatales en la actualidad. Su función es la de acuñar monedas, medallas, e imprimir billetes, estampillas, pasaportes y formularios oficiales.

    Tal como había adelantado Ámbito, el Gobierno confirmó, el pasado jueves 3 de octubre, que avanzará con la disolución de la compañía de Valores Sudamericana, conocida como la ex Ciccione, y reestructurará la Casa de la Moneda. Así fue confirmado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa. «Una imprenta estatal con severas ineficiencias que se encarga de imprimir billetes, pasaportes, patentes de autos y estampillas”, explicó Adorni.

    Entre sus justificaciones, el Gobierno aseguró que “la mala administración de la gestión anterior representó un verdadero despilfarro de recursos con deudas que hoy ascienden a los u$s371 millones, un patrimonio negativo de u$s78 millones y un resultado bruto negativo de u$s20.500.000”». Tras el anuncio, por el momento no se detalló cuántas personas serán despedidas en el proceso de readecuación.

    El conflicto por el cierre del hospital Bonaparte
    La administración de Milei también apuntó a reestructuraciones y cierres en el ámbito de la salud pública. En este sentido, el pasado viernes los trabajadores del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte denunciaron que el Gobierno decidió cerrar el servicio de internación del centro de salud, así como también la guardia. En lo que va del año, más de 25.000 personas se atendieron en el lugar.

    Según detallaron a Ámbito fuentes del Ministerio de Salud, dirigido por Mario Lugones, se inició el proceso de cierre de la institución. En esta línea, indicaron que la institución recibe un presupuesto de $16.800 millones y cuenta con una muy baja ocupación, de unos 30 pacientes, aunque la internación no es el rol central del Hospital.

    La noticia generó fuerte rechazó dentro del ámbito de la salud y cientos de trabajadores se manifestaron en la puerta del hospital, junto al apoyo de empleados del Garrahan, para exigir que se revea la decisión de Lugones.

    Tras días de conflictos, el pasado lunes la viceministra de salud, Cecilia Loccisano, anunció este martes que no se cerrará el hospital de salud mental Laura Bonaparte. En cambio, acordó con los gremios estatales abrir una mesa de trabajo con profesionales y autoridades para “ asegurar la prestación de servicios”, mientras avanza en una reestructuración del nosocomio.

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