La postura fue expresada en una declaración pública fechada el 18 de diciembre de 2025, difundida por los impulsores de la Iniciativa Legislativa para el Área Protegida Islas del Queguay y por integrantes del Movimiento Sanducero de Participación Ciudadana “Firma por el Río”, en respuesta a un comunicado emitido ese mismo día por la Presidencia de la República.
En el documento, los colectivos recordaron que la Viabilidad Ambiental de Localización otorgada por el Ministerio de Ambiente para los padrones N.º 11.950 y 11.951 constituye solo el primer paso del proceso de aprobación, y que la empresa deberá aún presentar un proyecto definitivo, un Estudio de Impacto Ambiental y obtener tanto la Autorización Ambiental Previa como la Autorización Ambiental de Operación antes de iniciar actividades.
Asimismo, señalaron que el comunicado oficial no precisa la localización exacta de la planta dentro del departamento, y advirtieron que los padrones mencionados —ubicados sobre la costa del Río Uruguay, en cercanías de la Isla Grande del Queguay y la Isla San Miguel— resultan inadecuados para la instalación de un emprendimiento industrial de estas características.
Según indicaron, dichos terrenos se encuentran peligrosamente próximos al Área Protegida Islas del Queguay y, de acuerdo con el proyecto original elaborado por GENSA, debían formar parte del territorio protegido, tanto por su continuidad con el monte ribereño como por su función de zona de amortiguación.
La declaración advierte que el proyecto implicaría la tala de unas 33 hectáreas de bosque autóctono, además de la afectación de áreas naturales aledañas por la construcción de carreteras para tránsito pesado, colectores industriales, líneas eléctricas y ductos para CO₂ y otros productos. También se señala que la toma de agua proyectada y la construcción de un puerto para barcazas se ubicarían dentro del área protegida.
Los firmantes alertaron sobre impactos acumulativos de tipo mecánico, químico, visual, térmico y sonoro, que afectarían al ambiente terrestre y fluvial durante las etapas de construcción, operación y eventual desmantelamiento de la planta, con posibles consecuencias que podrían extenderse incluso hacia la provincia argentina de Entre Ríos. A ello sumaron el riesgo de incendios, explosiones o derrames contaminantes, cuya probabilidad —afirmaron— no es nula.
En este contexto, reafirmaron su voluntad de continuar con la recolección de firmas para incorporar los padrones 11.950 y 11.951 al Área Protegida Islas del Queguay y otorgarles, junto a las islas San Francisco Grande y Chica, el estatus de Reserva Natural Departamental, lo que impediría la radicación de emprendimientos industriales en la zona.
Finalmente, reclamaron mayores instancias de información y participación ciudadana, cuestionaron el carácter no vinculante y limitado de las audiencias públicas ambientales y sostuvieron que, conforme a la Constitución, la iniciativa ciudadana y el plebiscito departamental son los mecanismos legítimos para definir una decisión de este alcance.
“A esa voluntad y a esa presencia soberanas apelamos”, concluye la declaración.
(imágen, el entre rios)
