La audiencia, presidida por la Dra. Paula Hualde, reunió a representantes de CRUSA, la Dirección Nacional de Vialidad, la Secretaría de Transporte, y sindicatos del sector vial, SUTPA y SUTRACOVI. Durante el encuentro, se expuso la preocupación por la pérdida de empleos y el impacto en las contrataciones indirectas, así como la disminución del movimiento comercial en las ciudades afectadas.
Uno de los puntos más críticos discutidos fue la seguridad vial. Los participantes expresaron su temor por el estado de las rutas una vez que se levanten las barreras y no haya un nuevo concesionario designado. Sin un operador designado, el mantenimiento y la seguridad de las vías quedarían en manos del Estado, lo que podría resultar en un aumento significativo del gasto público.
Además, se evidenció una contradicción en las políticas del Gobierno, que promueve la reducción del gasto público mientras pone en peligro la estabilidad laboral de cientos de trabajadores y el mantenimiento de infraestructuras vitales.
La audiencia concluyó sin propuestas concretas de la Secretaría de Transporte y la Dirección Nacional de Vialidad, dejando a los trabajadores y sus familias en una incertidumbre alarmante. La magistrada instó al Estado Nacional a reevaluar el procedimiento licitatorio para evitar daños innecesarios a las más de 500 familias que dependen del corredor vial.
Asambleas Programadas Para abordar la situación, se han programado asambleas en CRUSA:
Turno Mañana: 11:00 – 14:00
Turno Tarde: 17:00 – 20:00
Turno Noche: 22:00 – 01:00 (con la presencia de la secretaria general en los peajes)
La comunidad se mantiene atenta a los desarrollos de esta situación crítica, que no solo afecta a los trabajadores de CRUSA, sino también a la seguridad y economía de la región.
