La Cámara de Desarrolladores Urbanos del Centro Comercial, Industrial y de la Producción (CECOM) manifiesta que el nuevo Código de Ordenamiento Urbano de Concepción del Uruguay aumentará el precio de las viviendas y lotes de la ciudad.
Según indicaron desde el ente, el código está en tratativas por el Honorable Concejo Deliberante, por iniciativa del Poder Ejecutivo Municipal.
En ese sentido, desde el CECOM manifestaron: «Modificar el código actual es una necesidad. El crecimiento, la dinámica y la dispersión del ámbito urbano local lo demanda, pero el proyecto subestima la necesidad de aumentar la oferta de vivienda en la ciudad».
Y agregaron: «El problema de acceso a la vivienda lo padece todo el país, pero en Concepción del Uruguay poseemos características únicas que lo profundizan: además del crecimiento vegetativo local, más de mil estudiantes vienen de otras ciudades todos los años para formarse en nuestras universidades, también vienen trabajadores a realizar labores en nuestras industrias y (un fenómeno de los últimos años) vienen turistas que eligen hospedarse en departamentos destinados a alquileres temporarios y cabañas; todo esto genera una demanda de viviendas que el mercado actualmente no puede satisfacer».
Asimismo, expresaron: «Si bien el proyecto redactado en muchos aspectos es positivo, establece restricciones, cargas y tributos que aumentarán los costos de desarrollos inmobiliarios; esto se traducirá en: menos metros más caros, afectando de manera negativa y considerable el acceso a la vivienda, tanto para las operaciones de compra y venta, como para las operaciones de alquiler».
Por otro lado, la Cámara de Desarrolladores Urbanos señaló: «Uno de los puntos que evidencian el afán recaudatorio del nuevo código es la creación de un nuevo tributo. Se le exigirá el pago de un “derecho” a los emprendimientos inmobiliarios de edificios en altura. Deberán pagar al municipio un tributo del 10% del costo de la construcción por cada metro cuadrado a partir del tercer piso».
En el extenso comunicado, además argumentaron: «Para que se tenga una noción de lo que esto significa, en un terreno de 10 metros de frente por 30 de profundidad, para aprovechar todo el potencial del terreno, el desarrollador deberá pagar al municipio aproximadamente 17.200.000 (diecisiete millones doscientos mil pesos)».
«Según el proyecto de ordenanza, el pago de esa suma deberá realizarse 25% con la aprobación del expediente, y el resto cuando la municipalidad entregue el final de obra (se haya vendido o no). Todo esto sumado a todas las demás tasas e impuestos municipales, provinciales y nacionales que ya debe abonar la actividad», sumaron.
En ese aspecto, explicaron que todo lo anterior tendrá consecuencias sobre el precio de las viviendas de diferentes maneras: encarecerá las obras por lo que los precios de las viviendas tenderán a aumentar; desincentivará la realización de nuevos proyectos, por lo que habrá menos oferta y forzará los precios de la vivienda a la suba y aumentará el valor de los alquileres, ya que el bien objeto de la locación será más caro.
En otro orden de cosas, expresaron: «Quizás es más fácil entender lo desproporcionado de este “derecho oneroso” con una analogía. Pensemos en como se aplicaría esto en la gastronomía. El municipio permite a un bar tener 10 mesas, pero por 7 de ellas el emprendedor gastronómico debe pagar al municipio 10% de los costos de los productos que ofrece. Además el pago de ese “derecho” lo debe pagar 25% al momento de abrir el local y el resto al momento de cerrar, venda o no venda».
Y se preguntaron: «¿Qué puede hacer el dueño del bar en este caso? Achicarse y poner solo 3 mesas para no pagar el impuesto y no arriesgarse a pagarlo independientemente de si pueda o no pueda vender. Subir los precios. No arriesgarse y cerrar su emprendimiento. ¿Sería justa una norma así?, ¿sería necesaria?».
En otra línea, indicaron: «Con respecto a los loteos, la avidez recaudatoria no exige un pago en efectivo sino un pago en especie. No le alcanza la cesión de infraestructura, calles y espacios verdes (10%), sino también exige para sí el 15% de la superficie remanente. De aprobarse este proyecto aumentará de manera directa el precio de los terrenos en los loteos, que hasta ahora vienen siendo una opción accesible para quienes eligen construir su primera vivienda».
«No hay en este proyecto ningún incentivo para que el sector privado pueda contribuir a solucionar un problema tan grave como es el del acceso a la vivienda. Por el contrario, este proyecto agrega más trabas y dificultades, y el gran perdedor será quien deba buscar una vivienda en un mercado ya insuficiente. Es muy probable que tenga el mismo efecto que tuvo la tristemente famosa ley de alquileres: agravar el problema que viene a regular», refirieron.
Por último, enfatizaron: «El proyecto tiene cosas muy buenas y necesarias. Se trabajó mucho para lograrlo. Muchos actores de distintos ámbitos dedicaron su tiempo y brindaron sus conocimientos desinteresadamente para aportar a que todos tengamos una ciudad mejor. Se deben corregir los errores, aceptar sin soberbia los aportes de todos y finalmente lograr la mejor norma posible».
