El crimen de Joaquín Sperani, de 14 años, ocurrio en Laboulaye, en el sudeste de la provincia de Córdoba, conmocionó a todo el país. Luego del hallazgo del cuerpo en “la casa del horror”, demoraron a L., otro adolescente de 14 años, acusado del asesinato de su compañero de escuela y amigo.
L. fue ingresado al Complejo Esperanza, en la comuna de Bouwer, para su contención. Por su edad, siempre fue inimputable para la ley penal argentina.
El caso fue investigado por el Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar, Género y Faltas de la ciudad de Laboulaye, a cargo de Sebastián Moro.
Ahora, una nueva noticia vuelve a poner el caso en agenda y en el debate público: se conoció que L. recuperó la libertad el lunes por la tarde.
Tras conocer la noticia, Mariela Flores, la mamá del chico asesinado, expresó a El Doce que “la Justicia está tomando decisiones que no son correctas”.
“Nunca existieron los derechos para Joaquín. Mató y salió como si nada”, se quejó.Qué resolvió el juez
Luego de conocerse que L. se reintegrará a su medio familiar bajo la guarda de sus padres, desde el Tribunal de Justicia de Córdoba precisaron que el adolescente “vivirá en una residencia en otra localidad”.
De esta manera, el chico y su familia no residirán en Laboulaye, donde vive la familia Sperani-Flores.
La nueva medida de resguardo “provisoria”, dispuesta por el juez Moro, precisa que L. M. Z. y su familia “no podrán mudarse sin la debida autorización judicial”. Asimismo, impone de modo complementario que el joven se incorpore a un tratamiento multimodal psicoterapéutico, individual, grupal y familiar de tiempo prolongado.
En tanto, los padres también deberán sumarse a un espacio multimodal de orientación que les permita abordar las funciones inherentes al rol parental. Tales condiciones estarán sujetas al estricto control de la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf), con la modalidad de “supervisión en territorio”.
La readecuación de la medida había sido solicitada por el abogado defensor del adolescente, Raúl Palacios, como así también por su representante complementaria, la asesora letrada Mariana Ferreyra, quien fundó su presentación sobre la base de los lineamientos sentados por el Tribunal Superior de Justicia, en la sentencia N° 389.
