En comunicación con LT11, el presidente de la Confederación de Almaceneros de Argentina, Adrián Morales, explicó cómo se desarrollan las gestiones para implementar Precios Justos en los almacenes de barrio.
En ese sentido, Morales expresó: «Estamos tratando de solucionar el problema de que los Precios Justos no llegan a los comercios barriales. La Secretaría de Desarrollo Económico nos pasó el listado con los productos y con los precios de compra y venta que difiere según la zona geográfica del país, por los costos de logística».
Añadió que no tuvieron reuniones presenciales con la Subsecretaría de Comercio Interior de la Nación. Sin embargo, aclaró: «Estamos gestionando con algunos mayoristas para ver si es factible implementar este programa, hasta dónde va a llegar, qué va a pasar en las ciudades donde no hay mayoristas. Hay un grave problema porque no van a estar los precios que figuran en esa lista y, por lo tanto, no llegarán a las ciudades».
«A veces el consumidor se puede confundir con los precios porque son distintos en cada zona geográfica. El listado que tenemos, suponemos, no se va a publicar, sino que los precios van a ser acordes a esas áreas», explicó.
«También habíamos propuesto que el precio del producto venga impreso en la caja para lograr un acuerdo. Hoy en día el almacenero tiene menos rentabilidad que el mayorista y menos volumen de venta», apuntó.
Y agregó: «Siempre nos mostramos predispuestos a participar en estos programas, aunque no fuimos invitados a la negociación. De implementarse la medida, sería hasta fines de julio».
En tanto, Morales reconoció: «Muchos colegas están en ciudades donde no están los mayoristas que aparecen en las listas. En octubre habíamos planteado participar en la negociación para hacer un estudio más serio, pero no sucedió, fue a puertas cerradas. Es una estrategia con fines políticos».
«Las explicaciones de las personas que entienden de esto saben que la suba de precios va a seguir. Cuando se llegó a acuerdos fue solo con las grandes cadenas», señaló.
Y enfatizó: «La gente no tiene dinero, por la caída del poder adquisitivo para ir a una grande superficie. Hacer una compra en un supermercado cuesta alrededor de 50 mil pesos. Como trata de dosificar los ingresos hasta fin de mes, la gente compra en el almacén de a poco».
«En la caja la gente tiene que devolver algún producto porque no le alcanza el dinero. Además, algunos comercios tuvieron que cerrar porque alquilan el local», argumentó. Asimismo, apuntó que el costo de las reparaciones de los electrodomésticos habilita una menor rentabilidad en cada negocio.
«Los formadores de precios están haciendo los envases más pequeños y eso es un aumento encubierto», indicó Morales.
«Si no estuviera una institución que defiende a un sector, posiblemente el más castigado de la época, seguramente estaríamos peor. Estamos dispuestos a trabajar por el asociado y también por el comerciante que está fuera de la Confederación», cerró.
