El Grupo de Puebla, el foro político y académico de la izquierda de América Latina, el Caribe, España y Portugal, postergó hasta el 19 de diciembre la reunión en la que iba a denunciar lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner, debido a que la Vicepresidenta dio positivo en Covid.
El encuentro se iba a desarrollar en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y estaba prevista la participación del presidente Alberto Fernández y de la titular del Senado.
El jefe de Estado y la Vicepresidenta iban a compartir el encuentro tras la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 contra la dos veces exmandataria en la causa por la obra pública en Santa Cruz.
«El encuentro de Grupo de Puebla ‘Voluntad popular y democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia’, cuya realización estaba prevista para el próximo 12 de diciembre, se posterga para el día 19 del mismo mes», informó esta noche esa organización.
Añadió que «dicha postergación se debe a que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha dado positivo en un test de Covid. Cristina se encuentra en buen estado de salud en El Calafate», en la provincia de Santa Cruz.
Colaboradores de Fernández de Kirchner aseguraron que la titular del Senado «está muy bien» en la localidad santacaruceña de El Calafate.
Por lo tanto, allí pasará los próximos días en aislamiento, de acuerdo con los protocolos establecidos para los casos positivos por Covid-19.
La actividad, impulsada por Alberto Fernández, busca «denunciar el lawfare» (guerra jurídica) contra la dos veces presidenta de la Nación y entregarle el «apoyo transversal» de la organización.
En paralelo, organizaciones políticas, sociales y sindicales habían convocado para el mismo día a las 17 a una manifestación frente al CCK, bajo consignas como «Basta de la mafia judicial», «Fuera la Corte y los jueces corruptos» y «Restitución de la Ley de Medios ya», la cual, obviamente, también quedó suspendida.
Con presencia de Fernández y Fernández de Kirchner estaban programadas mesas de debate encabezadas por la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz, y los expresidentes Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José «Pepe» Mujica (Uruguay), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Ernesto Samper (Colombia).
La actividad preveía además las asistencias del presidente del partido Morena de México, Mario Delgado, y la abogada del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), Gisele Ribocom.
«Con el respaldo e impulso del propio presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, el Grupo de Puebla organiza (…) un encuentro internacional de solidaridad con la vicepresidenta Cristina Fernández, frente a la persecución político-judicial de la que ha sido víctima desde 2015, que quedó de manifiesto con la reciente condena judicial en su contra», indicó inicialmente el Grupo.
El documento denunció además que «la actual vicepresidenta ha sido víctima de un juicio político orquestado por la derecha con operadores de la Justicia y medios de comunicación para sacarla del debate democrático».
El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 condenó el martes a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la obra pública en Santa Cruz, una sentencia que para la vicepresidenta fue dictada por un «estado paralelo, una mafia judicial».
Tras escuchar la condena en su contra, la dos veces presidenta emitió un mensaje a través de sus redes sociales y anticipó que en 2023 no será candidata a ningún cargo electivo, por lo que quedará sin fueros a partir del 10 de diciembre del año próximo.
«Me van a poder meter presa después del 10 de diciembre», afirmó en la exposición que hizo a través de YouTube, en la que aseguró que la verdadera condena es el intento de proscribirla e inhabilitarla de por vida para ejercer cargos públicos.
En diálogo con Télam, Marco Enríquez Ominami, excandidato a presidente de Chile (para las elecciones de 2009-2013 y 2017) y uno de los líderes regionales fundadores del Grupo de Puebla, juzgó que la implementación del lawfare significa el «robo de la democracia» en la región y opinó que en la condena a la dos veces presidenta de la Nación evidencia un «procedimiento investigativo y acusatorio viciado».
«Con Cristina Fernández de Kirchner es evidente que hay un problema de objetividad. Cualquier sistema acusatorio requiere de la objetividad, y al no haber objetividad todo el procedimiento investigativo y acusatorio está viciado. Eso ocurrió con Cristina», evaluó Ominami sobre el proceso en la causa conocida como «Vialidad».
En esa línea, sostuvo que en el expediente por la obra pública en Santa Cruz hubo «un problema elocuente de vicio procesal que invalida toda posibilidad de defenderse», y agregó: «Los liderazgos no piden ni más, ni menos que cualquier vecino, el mismo derecho y la misma garantía procesal».
El también exdiputado por el Partido Socialista analizó que la aplicación sistemática del lawfare en países de la región supone «la proscripción de un liderazgo transformador, pero, sobre todo, es el robo de la democracia, porque afecta las elecciones».
Ominami apoyó su hipótesis en los casos de Brasil, donde dijo «(Jair) Bolsonaro no habría sido presidente sino no hubiesen aplicado una viciosa acusación contra el expresidente (y mandatario electo) Luis Inácio Lula da Silva» o en Chile, donde subrayó «(Sebastián) Piñera no habría sido presidente si no me hubiesen inventado a mí 13 acusaciones, de las cuales ya gané la mayoría y otra en juicio por unanimidad, esperando un juicio ocho años».
«Y así suma y sigue: Rafael Correa habría sido presidente, Evo Morales hubiera podido haber vuelto a ser candidato se no lo hubiesen acusado de sedición o terrorismo», apuntó, para luego caracterizar al lawfare como un «mecanismo implacable».
La sentencia contra Fernández de Kirchner provocó la reacción de varios líderes de la región que salieron a expresar su solidarizaron con la expresidenta.
Así lo hicieron, entre otros, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, de Bolivia, Luis Arce, y de Honduras, Xiomara Castro, y también del exmandatario boliviano Evo Morales, a los que se sumó hoy el presidente electo de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva, quien sostuvo que en su país «saben cuánto daño puede causar el lawfare a la democracia» y por eso «apoya una Justicia imparcial e independiente».
«Mi solidaridad con la vicepresidente de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Vi su declaración de que es víctima del lawfare, y en Brasil sabemos bien cuanto daño puede causar esta práctica a la democracia. Apoyo una justicia imparcial e independiente para todos y para el pueblo argentino», expresó el mandatario electo desde su cuenta de Twitter.
De esta manera, Lula hizo referencia a su propia situación judicial en Brasil, donde fue imputado y condenado por la causa denominada «Lava Jato», que lo inhabilitó de participar en las elecciones presidenciales del 2019, en las cuales resultó vencedor el actual presidente en ejercicio, el ultraderechista Jair Bolsonaro.
La condena luego fue anulada por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, lo que permitió a Lula ser reelecto por tercera vez en las elecciones del pasado 30 de octubre.
