Foto: gentileza Uno Entre Ríos
En los Tribunales de Concepción del Uruguay vuelve a tomar impulso la causa por homicidio culposo agravado contra el exfuncionario provincial Juan Ruiz Orrico. El extitular del Instituto Portuario Provincial está imputado por haber causado la muerte a cuatro trabajadores en un choque en la Ruta 39, a la altura del kilómetro 123, entre las localidades de Caseros y Herrera, departamento Uruguay. El impactante siniestro vial ocurrió el 20 de junio de 2024 por la madrugada.
Entonces, Orrico conducía un Volkswagen Passat (vehículo oficial) con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre. En el siniestro vial murieron cuatro obreros del frigorífico Fadel de Pronunciamiento, quienes circulaban en un Chevrolet Corsa: Leonardo Almada, Axel Rossi y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre.
Orrico fue desplazado de su cargo el 25 de junio del año pasado luego de que se confirmara que al momento del choque circulaba alcoholizado. Ahora, con la vuelta de la actividad a los Tribunales, se realizará la primera audiencia del año en la causa Orrico, la cual se espera que sea concluida y elevada a juicio dentro de unas semanas.
Según supo UNO, hoy a las 11 se realizará una audiencia en el juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay en el que participarán el fiscal Eduardo Santos, el querellante Mario Arcusin y los abogados defensores Félix Patricio Pérez y Leandro Ariel Monje.
Trascendió que se acordará la prórroga de las medidas de coerción que actualmente cumple el exfuncionario. También se espera que el fiscal informe sobre el grado de avance de la investigación penal preparatoria.
Prisión preventiva rechazada
Cabe recordar que el querellante insistió sin éxito que la Justicia le aplique a Orrico la prisión preventiva en una Unidad Penal. El fundamento del representante de las familias de los fallecidos era que había riesgo de fuga. Sin embargo, diferentes tribunales rechazaron la petición. La Cámara de Casación Penal de Concordia fue el último tribunal en manifestarse al respecto.
El 15 de octubre del año pasado, ese tribunal rechazó el pedido. No obstante, amplió las medidas de coerción que pesan sobre el exfuncionario: le impuso la obligación de presentarse en forma semanal a la fiscalía de Concepción del Uruguay, todos los días miércoles o el día hábil siguiente si aquel fuese inhábil. Así, dejaron sin efecto la obligación de presentarse en forma quincenal a la comisaría.
En su resolución, Casación entendió que “las medidas de coerción impuestas armonizan, equilibran y garantizan los intereses y derechos de las partes en base a las circunstancias que rodean la presente causa. Garantizan la libertad ambulatoria del imputado, quien debe solicitar como único requisito para ausentarse de la jurisdicción autorización judicial, y también (conforme fue consultado Ruiz Orrico y asintió) le permiten continuar su tratamiento médico de recuperación a las secuelas del accidente en Concepción del Uruguay”.
Y agregó que las medidas de coerción actuales “aseguran el afianzamiento de la justicia y a las víctimas el avance del proceso, su no interrupción y el sometimiento del imputado al mismo al obligarle fijar domicilio en la jurisdicción, pedir autorización judicial para salir de la misma y otros controles”.
Esa resolución fue apelada por el abogado Arcusin y desde noviembre se encuentra a la espera de una resolución por parte de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Fuente: Uno Entre Ríos
