Familiares y amigos de Ariel Goyeneche, joven que falleció el 12 de febrero en Paraná, emitieron un comunicado en el que afirman que «lo asesinaron agentes policiales de la Fuerza Policial de la Provincia Entre Ríos».
«De acuerdo al Informe Oficial Pericial, el mismo arrojó que el resultado final de la autopsia pudo constatar que la verdadera causa de la muerte fue “por compresión mecánica”, y determinó a su vez la presencia de contusiones ocasionadas por golpes en los riñones, hígado y otras partes del cuerpo. Así lo dictaminó el Departamento Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos luego de cuatro meses del hecho», destacaron.
«Tal prueba, resignifica aquello que como familia de la víctima veníamos peticionando, ya que el pasado 12 de febrero, efectivos de la Comisaría 2da. detuvieron a Ariel en calle Piedrabuena de la ciudad de Paraná mientras atravesaba una crisis de salud mental, y que los agentes que intervinieron directamente en el hecho desoyeron su pedido de ayuda y, contrariamente a las normas y recomendaciones nacionales e internacionales en materia de Seguridad y DDHH, mediante un trato deshumanizado, invisibilizaron su padecimiento, y esposándolo, le ataron los pies, lo golpearon, lo torturaron aplastando su cuerpo contra la vereda con saña, vehemencia y brutalidad. De esa manera lo dejaron sin aire, causando una muerte dolorosa», sostuvieron.
Y agregaron que «con este resultado, solicitamos a la Fiscalía actuar con celeridad y severidad para determinar la responsabilidad material y penal, de los agentes policiales que intervinieron directamente esa noche en el homicidio, y de aquellos que se sumaron durante el procedimiento y que tuvieron participación indirecta, por omisión de sus deberes de funcionario público».
Asimismo «no dejamos de lamentar la posición adoptada por los funcionarios públicos, con cargos y funciones desde roles superiores en la cadena de responsabilidad institucional, tales como el actual Jefe de la Policía Claudio González, quien junto al Ministro de Seguridad y Justicia de la provincia Nestor Roncaglia, subestimando la gravedad del hecho, y desconsiderando el dolor familiar, se apresuraron mediáticamente a realizar declaraciones desatinadas que destacaron desde un primer momento el “correcto” accionar policial”, que para nosotros significó un intento de minimizar el hecho y atribuir las responsabilidades a la víctima, mediante la criminalización del estado de alteración por consumo de Ariel», subrayaron.
«Tal posicionamiento parcial de la Superioridad Institucional Policial y del Ministerio de Seguridad, evidenció cuanto menos impericia y ausencia de autocrítica institucional sobre las implicancias disciplinarias y penales del procedimiento delictivo del personal policial, que produjo la reproducción de un mensaje que en la sociedad paranaense sembró dudas sobre la transparencia del tratamiento institucional, pues circuló una idea de protección a los responsables desde la primera hora y la convalidación del hecho, improvisando diversas maniobras para dispersar la atención sobre lo sucedido», enfatizaron.
«Desde el gobierno informaron recién en el día de la fecha el pase a disponibilidad de efectivos, un pedido que como familiares venimos realizando desde el momento cero, para brindar transparencia, y seriedad; así como para evitar el entorpecimiento de las investigaciones tanto internas como judiciales, pues es evidente que durante todo el procedimiento cuestionado y posterior al hecho hubo participaciones diferenciadas en cuanto a las responsabilidades administrativas/disciplinarias y penales de diversos agentes policiales, en diverso grado de responsabilidad, de acuerdo a cada cargo y función asignada. (Oficiales, suboficiales, Jefes y Superiores)», explicaron.
Y manifestaron: «Sabemos que la violencia institucional cometida por agentes de cualquier fuerza policial es una práctica sistemática, que puede involucrar responsabilidades corporativas y suponer la connivencia o complicidades de la omisión o acción política durante todo el procedimiento investigativo o parte de éste, pues supone la naturalización de prácticas violatorias de DDHH desde las instituciones públicas. Por ello la mayoría de los familiares de las víctimas aguardan años por reparación y justicia, sufriendo en la espera avances y retrocesos, y en muchos casos nunca llega, y hoy no queremos que siga reproduciendo».
Por último, exigen «una condena ejemplar y que se termine la ausencia de justicia y transparencia que generan impunidad sobre los distintos casos de los que hemos tomado conocimiento en esta lamentable etapa. Pedimos justicia por Ariel Goyeneche y por todas las víctimas de violencia institucional».
Amigos y familiares de Ariel Goyeneche
