La Justicia laboral dispuso la conciliación obligatoria en el marco del anuncio de AGMER de los cinco días de paro que comenzaron este jueves. Sin embargo, tras el mandato el gremio notificó que «el paro y las acciones sindicales de este jueves 22 se sostienen como estaba previsto» aunque «a partir de las hora 0 de este viernes 23 acatamos la conciliación, suspendiendo las otras medidas«.
El comunicado completo
AGMER acatará lo establecido en dicho ámbito judicial. El paro y las acciones sindicales de este jueves 22 se sostienen como estaba previsto. A partir de la hora 0 de este viernes 23 acatamos la conciliación, suspendiendo las otras medidas.
Inmediatamente conocidas las resoluciones (aprobadas de manera unánime) de nuestro CCVII Congreso Extraordinario realizado este miércoles en Paraná, en donde se definió la continuidad del plan de acción con paros de 48 hs para esta semana y 72 hs para la próxima, el Ejecutivo entrerriano, en la figura de la Presidencia del Consejo General de Educación, –presurosamente- recurrió a la Justicia Laboral para solicitar la Conciliación Obligatoria.
La solicitud recayó en el Juzgado Laboral Nº 4, a cargo de la jueza María Alejandra Abud quien –rápidamente- notificó a las partes sobre el cese momentáneo del “estado de beligerancia” surgido a partir del conflicto salarial que es de público conocimiento. Significa, llanamente, conciliación obligatoria. Es decir, un trámite exprés. Curioso, pero parece que, en algunas ocasiones, la justicia sí es presurosa y expeditiva.
Ante esta circunstancia, algunas disposiciones y consideraciones:
La Ley Nº 9624/06 aprobada por la Legislatura de Entre Ríos, establece y regula las Convenciones Colectivas de Trabajo Docente (conocidas, comúnmente, como “paritarias”) En su Art. 16 establece que finalizada la instancia administrativa en el ámbito de la Secretaría de Trabajo (cinco días) y ante el fracaso de la misma (lo que ocurrió efectivamente) “cualquiera de las partes podrá pedir al Juzgado de Trabajo en turno de la ciudad de Paraná que disponga la Conciliación Obligatoria, ordenando a las partes suspender las medidas que se hubieren dispuesto en relación al conflicto. Para el caso que el Juez interviniente interprete que se cumplimentan los requisitos de admisibilidad del pedido acogerá la medida peticionada por un término máximo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la Resolución, dentro del cual se realizarán las Audiencias de Conciliación que el Magistrado entienda necesarias. Vencido dicho plazo sin que se hubiere arribado a una fórmula de conciliación, automáticamente podrán las partes proseguir con las medidas suspendidas por el Juzgado”
En este caso, el gobierno de la provincia es quien solicita a la Justicia la Conciliación Obligatoria. Lo hace luego de incumplir con el pago de la diferencia existente entre el salario docente y el proceso inflacionario del primer semestre, ofreciendo bonos en negro que, además, no llegan a jubilados; con el inicial docente por debajo de la línea de indigencia y la gran mayoría sin poder superar el umbral de la pobreza, y jaqueado por una marcha docente multitudinaria, histórica, contundente y una andanada de movilizaciones registradas en cada uno de los departamentos de la provincia (de variadas formas y modalidades); y con altísimos índices de acatamiento a las medidas de fuerza de la docencia entrerriana que no banca ya los aprietes y amenazas de descuentos de la patronal. La conciliación suena, entonces, a un recurso desesperado.
Esta Comisión Directiva Central jamás tomará una sola decisión irresponsable, ni va a permitir que ninguna o ningún trabajador/a de la educación quede expuesto a las represalias del poder. Actuamos conforme a derecho y apegados a la Ley, precisamente, lo que el gobierno no ha hecho en este tiempo, ofreciendo montos en negro y violentando la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, o condenando a nuestras jubiladas/os al negarles una recomposición justa. Procedemos, además, apegados a nuestro Estatuto de AGMER, concretamente, en su Art. Nº 21, donde se establece que las resoluciones del Congreso son inapelables, y sólo revocables por autoridad judicial (en este caso, la suspensión de las medidas de paro) y Art. Nº 32, atribuciones y funciones de la Comisión Directiva Central (referente a la representación y responsabilidad legal).
En tal sentido, en resguardo de los derechos laborales del conjunto de la docencia, en protección además de una organización sindical que no es de propiedad ni individual ni de un grupo de dirigentes, sino que es de pertenencia colectiva (por lo que aspiramos nos trascenderá en el tiempo), esta CDC se pone a derecho y acata lo dispuesto por el Juzgado Laboral Nº 4. Aclaramos además que el paro y las acciones sindicales de este jueves 22 se sostienen como estaba previsto. Y a partir de la hora 0 de este viernes 23 acatamos la conciliación, suspendiendo las otras medidas.
Concurriremos a dicho ámbito con las demandas urgentes y no atendidas por la patronal, que fueran ratificadas –en el día de ayer- por nuestro Congreso. Demandas, además, conocidas por toda la comunidad de esta provincia.
Aspiramos a que el poder Ejecutivo provincial concurra con una propuesta que lleve justicia y dignidad a la docencia entrerriana. Aspiramos que negocie de “buena fe”; que dé marcha atrás con la amenaza de descontar los días de huelga y pare con declaraciones fuera de lugar, que sólo profundizan el malestar y la bronca de las y los docentes. Descartamos que la Justicia pondrá el mismo empeño y prontitud para llamarle la atención al gobierno sobre accionar ilegalmente, violando la Constitución de la Provincia.
Llamamos a cada trabajadora/or de la educación a continuar sosteniendo cada instancia de movilización general, visibilizando el conflicto y la justicia de nuestros reclamos. A la vez, volvemos a manifestar, AGMER siempre tuvo una actitud dialoguista, pero sabe muy bien –y quedó demostrado- cómo defender y luchar por sus derechos y reivindicaciones.
La palabra del gobierno
El Consejo General de Educación solicitó a la Justicia la conciliación obligatoria para garantizar el dictado de clases en la provincia, ante el paro dispuesto por el gremio docente.
«No cabe otra alternativa que solicitar al Juzgado del Trabajo en turno que disponga la conciliación obligatoria», indica el pedido, que ingresó en el Juzgado Laboral 4, a cargo de la doctora María Alejandra Abud.
«El gobierno entiende imperioso y absolutamente necesario promover la acción judicial que habilita la norma provincial, con el propósito principal de resguardar el derecho a aprender de los entrerrianos, derecho consagrado constitucionalmente, previsto en el artículo 14º de nuestra Carta Magna», reza la nota presentada por el gobierno; y afirma que «allí queda establecido y reconocido el derecho a aprender y que la educación es una obligación sustantiva del Estado de derecho».
Al respecto, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, manifestó que «el gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante para acercarse a las expectativas que tienen los docentes, reconociendo que hay un problema con el poder adquisitivo de los salarios, pero también conscientes de la realidad que estamos afrontando a nivel finanzas de la provincia».
Afirmó que «el gobernador gobierna para todos los entrerrianos; y en ese contexto, con mucho esfuerzo, hicimos más de cuatro mejoras en la oferta que les acercamos a los gremios. No pudimos lograr el equilibrio, pese a que muchas de esas ofertas son muy parecidas a las de otras provincias que lo han logrado, como Córdoba».
En ese sentido, dijo que se tomó la decisión de «ir hacia una conciliación obligatoria porque no hay nada más importante que esta tensión, que es lógica y natural producto de la crisis, se haga con los chicos en el aula».
«En un plan de desarrollo provincial como el que tiene que llevar adelante el gobernador nosotros instamos a que nos pongamos de acuerdo, pero con los chicos dando clases y aprendiendo», subrayó.
Finalmente, señaló que están preparando un nuevo ofrecimiento que les acercará el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, a los gremios en los próximos días para intentar acercar posiciones.
La presentación
En el pedido que ingresó a la Justicia, se expresa que «desde el gobierno provincial se han hecho todos los esfuerzos posibles en conversaciones informales inicialmente, y luego en sede administrativa, por llegar a un acuerdo con las entidades gremiales que permita el desarrollo normal de la actividad educativa en la provincia, procurando evitar, tanto las medidas de fuerza, como tener que llegar a esta instancia judicial, siempre con el propósito de garantizar efectivamente el derecho de los educandos a recibir educación en la calidad y cantidad tales que posibiliten el desarrollo de sus conocimientos, habilidades y su sentido de responsabilidad y solidaridad social».
En otro tramo del documento, se indica: «Ante una colisión de derechos de rango constitucional (derecho de huelga y derecho a la educación de menores), nunca puede ni debe lesionarse en modo alguno el superior interés de los niños a recibir una educación en tiempo y contenidos adecuados, conforme lo establecen los arts. 3, 28, 29 y 30, Convención sobre los Derechos del Niño (inc. 22, art. 75, Constitución Nacional)».
