La Corte Suprema de Entre Ríos decidió este miércoles revocar la prisión preventiva de Sergio Urribarri, exgobernador de la provincia, y liberar también a su cuñado, el exfuncionario legislativo Juan Pablo Aguilera. La medida se adoptó tras un recurso de impugnación presentado por las defensas, que cuestionaron la decisión de la Casación provincial que había dispuesto la detención preventiva en noviembre.
El tribunal de feria, conformado por los jueces Germán Carlomagno y Leonardo Portela, consideró que no existía riesgo de fuga ni de obstrucción a la investigación, ya que la etapa de investigación ya estaba cerrada. Carlomagno, quien lideró el fallo, argumentó que los temores de fuga expuestos por los tribunales inferiores carecían de fundamento concreto. «No existe peligro de entorpecimiento en la investigación ni razones objetivas para aplicar una medida cautelar tan grave», expresó el magistrado.
El exgobernador Urribarri, quien fue condenado a ocho años de prisión e inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos, aún no ha visto su sentencia firme, ya que el caso sigue en trámite ante la Corte Suprema de la Nación, sin plazos para un pronunciamiento definitivo.
En cuanto a Aguilera, su defensa también presentó el mismo recurso, logrando la revocación de la prisión domiciliaria que se le había impuesto. Ambos habían sido condenados por delitos de corrupción relacionados con el uso ilegal de fondos públicos durante la gestión de Urribarri, incluyendo maniobras para financiar campañas electorales mediante contratos irregulares con imprentas y empresas de publicidad.
El fallo fue parcialmente impugnado por el juez Giorgio, quien se mostró en desacuerdo con la habilitación de la feria judicial y cuestionó el accionar del tribunal de feria, al considerar que la decisión de revocar la prisión preventiva fue arbitraria y contraria a los procedimientos establecidos.
El proceso judicial que involucra a Urribarri ha sido marcado por controversias y cambios de rumbo, entre ellos la reciente destitución de la fiscal Cecilia Goyeneche, quien encabezó la investigación. La Corte Suprema de la Nación anuló la resolución que había llevado a la destitución de Goyeneche y ordenó que la Corte provincial revisara el caso.
