El Juzgado Federal de Gualeguaychú a cargo de Hernán Viri imputó a 10 representantes de movimientos sociales de esa ciudad tras recibir denuncias por posibles acciones ilícitas en el manejo de los planes sociales denominados Potenciar Trabajo, informó R2820.
Se trata de la investigación que se inició por denuncias a la línea nacional 134 donde los beneficiarios alertaron que los «punteros políticos» les cobrarían una «cuota» mensual por el plan y los obligarían a participar de marchas o actos políticos.
Este lunes, el Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional ejecutó 23 allanamientos en Gualeguaychú y uno en Victoria. Allí se secuestraron celulares pertenecientes a los referentes de los movimientos piqueteros, documentación que estaba en los domicilios y en los espacios comunitarios -como los SUM Municipales-, listados de los beneficiarios y 1.500.000 pesos.
Fuentes judiciales precisaron a R2820 que la secretaría Penal del Juzgado Federal investigará los mensajes y las comunicaciones existentes dentro de los teléfonos, revisará los listados de beneficiarios y la documentación para tratar de probar los delitos investigados, entre los que se encuentran posibles amenazas.
Bajo la presidencia de Alberto Fernández, la administración sobre quiénes recibían o no el beneficio del Potenciar Trabajo quedó en mano de los movimientos sociales y políticos afines al Peronismo y Kirchnerismo. Sin embargo, con el arribo de la nueva gestión nacional se abrió una línea telefónica gratuita -134- donde se podían denunciar malversaciones en esos planes.
Según se desprende de las denuncias hechas desde Gualeguaychú, se les exigía a los beneficiarios participar en diferentes actividades proselitistas de los movimientos sociales, en marchas, cortes y manifestaciones.
En dichas actividades se tomaba asistencia -usualmente se hacía al arranque de la marcha con una persona que se colocaba en el fondo de la fila con un cuaderno donde anotaba los apellidos de quienes concurrían- y, en caso de inasistencia, debían abonar un porcentaje del plan en cuestión, negándoles el acceso a los alimentos distribuidos por el gobierno nacional, e incluso darles de baja dicho plan.
Asimismo, todos los meses los referentes locales de dichas organizaciones sociales les exigían la entrega de un porcentaje del dinero de los planes nacionales en cuestión, bajo amenaza de dar de baja los mismos.
