Por Lic. Pablo Presas, economista y concejal del bloque vecinal «Uruguay Se Puede«

Los concejales, como representantes del pueblo de nuestra ciudad, tenemos tres roles principales que deben orientar nuestro accionar dentro del Honorable Concejo Deliberante; y siempre es bueno volver a repetirlos para que todos los tengamos claro y seguir así fortaleciendo nuestra democracia republicana.

Sintetizando brevemente dichos roles: en primer lugar tenemos el rol de representar a la comunidad, defender sus intereses y proponer soluciones a los problemas locales; en segundo lugar, debemos legislar, es decir redactar y aprobar las ordenanzas que regulan las diversas áreas dentro del municipio y la ciudad; y en tercer lugar, pero no menos importante, debemos ejercer un control político al intendente (y su equipo) respecto a la administración del municipio y de la ciudad; ya que Concepción del Uruguay nos pertenece a todos los ciudadanos, independientemente de cuales hayan sido nuestras preferencias electorales.

En dicho sentido, y cómo forma también de que la ciudadanía pueda interiorizarse mejor, es que procuramos analizar y transmitir la información financiera municipal de una forma clara y comprensible para la mayoría de los uruguayenses. Todo esto, coincidente además, con el objetivo de mejorar la transparencia en la información, que fue una de las propuestas de campaña desde nuestro partido vecinal Uruguay Se Puede.

En esta ocasión queremos mostrar la evolución mes a mes de los ingresos que recibe la municipalidad de Concepción del Uruguay en concepto de liquidación de impuestos coparticipables, tanto nacionales como provinciales.

Cómo explicáramos en una nota anterior, los ingresos municipales provienen de tres fuentes principales. La recaudación propia de tasas municipales, que representa aproximadamente el 50% del total, y los ingresos que provienen por la coparticipación nacional por un lado (la nación gira a la provincia parte de su recaudación y luego la provincia comparte una fracción con los municipios) y la coparticipación provincial por el otro (proveniente de compartir los impuestos a los ingresos brutos, inmobiliarios, automotores y otros).

Toda esta normativa está regulada por nuestras constituciones nacional y provincial, por la ley nacional n°23548, por la ley provincial n°8492 y su ley modificatoria n°10163, y por el decreto provincial n°1082/24. Pero para simplificar las cosas, podemos decir que este «goteo» de impuestos por coparticipación que nos pertenecen (aunque sean recaudados por la nación y la provincia), son liquidados y transferidos día a día desde el tesoro provincial al tesoro municipal. Información que es brindada públicamente tanto por la nación como por la provincia a través del Ministerio de Hacienda.

De allí que podamos analizar mes a mes cuánto dinero le va entrando a nuestro municipio, recordando siempre que estos conceptos representan más o menos la mitad de los ingresos totales del mismo.

En el mes de mayo ingresaron 1.832 millones de pesos por impuestos coparticipados, un 40,3% más que en el mes anterior, y una variación interanual (i.a.) de 387%, lo cual representó un récord nominal para las arcas municipales. Más aún, si tomamos el total ingresado por dicho concepto en lo que va de este año 2024 (de enero a mayo), nos encontramos que ya se superó a lo ingresado durante TODO el anterior año 2023 por el mismo concepto.

Claro que la forma correcta de mirar estos números es analizando la variación interanual respecto a la inflación, es decir, evaluando cantidades en términos reales. Así, ese total de 6.021.639.936 pesos que ingresaron hasta mayo del 2024 representan una caída de 15,2% en términos reales respecto al mismo período del año 2023.

El gráfico anterior nos permite también analizar el comportamiento de estos números a lo largo de los meses. Allí se ve como en marzo se produjo una significativa caída (-24,6%) de la liquidación de impuestos coparticipados que seguramente obligó a ser más precavido y «cuidar» la caja pisando gran parte del gasto, la inversión y siendo prudente con los incrementos salariales.

Pero dado el extraordinario incremento que tuvimos en mayo, sumado a los plazos fijos que dejó el gobierno anterior (dicho sea de paso, estamos esperando un pedido de informe sobre la situación financiera patrimonial que dejó el intendente anterior); y dados también los egresos en el mismo período (que mostraremos en un próximo informe), podemos afirmar que financieramente nuestro municipio goza de muy buena salud.

Más aún, y dado que también ha logrado un significativo superávit, se podría por ejemplo, eliminar la tasa municipal del 15% sobre la tarifa eléctrica sin comprometer las finanzas municipales, logrando así alivianar la mayor carga tarifaria que debemos afrontar, tanto las familias como los comercios; en línea con un proyecto que (valga la información) hemos presentado conjuntamente desde los bloques opositores y que actualmente está siendo analizado en comisión para su próximo tratamiento.

Finalmente, y a modo de conclusión, nos gustaría abrir algunos interrogantes respecto a la estrategia financiera que está ejecutando el municipio y que profundizaremos en un próximo informe. Es que nos preguntamos cuál es el sentido de acumular tantos recursos. Y si bien es válido tener un «colchón» para contingencias, también es cierto que plata ahorrada es dinero no invertido en mejorar el bienestar y calidad de nuestra ciudad en el presente. Entonces, ¿Cuánto sería el monto óptimo para un fondo de contingencia? ¿1, 2 o 3 plantas salariales? ¿Dónde, cómo y quién decide invertir dicho fondo? ¿Cuánto hay en plazo fijo? ¿Cuánto había al inicio de la gestión? ¿Conviene dejar todo en pesos o conviene convertir algo a dólar MEP? ¿Se está acumulando ahora para acelerar gasto después durante los tiempos electorales? ¿Se está acumulando por previsión frente a los futuros efectos de la política económica nacional?

No tenemos las respuestas. Son preguntas que nos hacemos y que aún no sabemos, pero que sin embargo tienen implicancias importantísimas para nuestra ciudad. Personalmente opino que en la administración pública sería poco deseable tener sea déficit o sea superávit. Un estado no es una empresa privada dónde es estratégico acumular recursos y gastar lo mínimo posible. El estado debería estar siempre en equilibrio ya que para el municipio gastar de menos respecto a sus posibilidades significa menos servicios, menos obras, menos inversiones, en definitiva menos bienestar. Por eso, y salvando ciertos fondos para contingencias y tranquilidad, todo recurso sobrante debería ser instantáneamente invertido para mejorar la ciudad, más aún en un contexto inflacionario como el actual donde el dinero rinde menos con el transcurso del tiempo (un peso gastado dentro de unos meses, aún incluyendo los intereses que podría generar, rendirá menos que un peso gastado hoy mismo).

Claro que después quedará a criterio del ejecutivo cómo se propone gastar ese dinero: cuánto en servicios, cuánto en obras, en sueldos, en contratos, en subsidios, en definitiva, un conjunto de decisiones que reflejarán sus preferencias políticas y que se verán plasmadas en el próximo presupuesto municipal (o en sus actualizaciones y/o modificaciones por decreto) y que los concejales acompañaremos o no de acuerdo a la razonabilidad del mismo.

Pero son preguntas que deberían ser respondidas porque «el pueblo quiere saber de que se trata» y nosotros los concejales, como representantes del pueblo, deberíamos procurar que así sea.