Durante la quinta sesión ordinaria del 145° periodo legislativo, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y convirtió en ley el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se declara el estado de emergencia pública en materia de seguridad alimentaria en el ámbito de la provincia de Entre Ríos hasta el 31 de diciembre de 2024.
El objetivo de la norma, que se trató sobre tablas, es “garantizar la atención básica de la alimentación a través de la provisión de alimentos de calidad y la nutrición adecuada, priorizando la atención de la población en situación de vulnerabilidad social y en riesgo de subsistencia”.
En ese sentido, se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar contrataciones directas, al tiempo que se dispone un incremento de los créditos y partidas presupuestarias vigentes para las políticas alimentarias y se autoriza a realizar ampliaciones y modificaciones al Presupuesto con un incremento de un 50% como mínimo.
Además, la ley crea la Mesa de Diálogo Social en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano, como órgano de participación y consulta, integrada por representantes del Poder Ejecutivo, el Legislativo, las universidades, las organizaciones sociales e integrantes de la Mesa Contra el Hambre de Entre Ríos.
El presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos), sostuvo: “La alimentación es un derecho fundamental para el desarrollo y está muy ligada al derecho a la vida y a la dignidad humana. Al mismo tiempo, la inflación es un flagelo que nos atraviesa a todos, que daña fundamentalmente a los sectores más vulnerables. Fue del 20,6% en enero y 254% interanual, el índice más alto de los últimos 33 años”.
Sarubi explicó que cuando asumió el actual gobierno provincial encontró 20.000 módulos alimentarios y ningún proceso licitatorio abierto, siendo que en 2023 la demanda había sido de 107.000 módulos. Agregó que las licitaciones demoran por lo menos seis meses, lo cual hace que fracasen debido al aumento de precios.
