lunes, enero 30, 2023

Denunciaron que se «vulneran derechos básicos» en las Jefaturas y Comisarías

El informe sintetizó las conclusiones producidas por la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (RODHER) sobre las “Condiciones de Detención en Comisarías y Alcaidías de Entre Ríos”.

El trabajo se concretó en articulación con el Área de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la UADER y la Secretaría de Extensión y Cultura de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, seleccionado en la convocatoria realizada por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura para fortalecer el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.

El trabajo de inspecciones y visitas realizado sobre 14 comisarías y alcaidías de 8 ciudades de nuestra provincia, “nos ha permitido visualizar situaciones problemáticas cotidianas vinculadas a las condiciones de encierro de personas privadas de la libertad en la provincia”, indicó el organismo que integra la Asociación Civil Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú.

Matías Ayastuy, director de DDHH en el Municipio de Gualeguaychú, fue uno de los coordinadores de la investigación junto a la abogada Lucía Tejera.

En nuestra ciudad se auditó a la Jefatura Departamental y la Comisaría de la Mujer y de Minoridad, ubicada en avenida Del Valle y Lavalle.

VULNERACIÓN DE DERECHOS
“Las inspecciones consisten en relevar las condiciones edilicias, de higiene, alimentación y acceso a la salud en los lugares de encierro transitorio de detenidos. Encontramos situaciones muy problemáticas que vulneran los derechos de las personas alojadas”, dijo en la presentación la abogada del RODHER, Lucía Tejera.

“Se vulneran derechos fundamentales y se ponen a las personas privadas de la libertad como ciudadanos de segunda a los que no se les respetan ciertos derechos”, agregó y recordó que “estos derechos están garantizados por los tratados internacionales”.

“No podemos justificar o legitimar, por parte de la sociedad, vulnerar derechos esenciales de personas sobre las que rige el principio de inocencia” valoraron durante la exposición y precisaron que “el resultado de este informe es necesariamente un llamado de atención a las autoridades públicas, pero también a la sociedad en general”.

“No tenemos un tono de denuncia sino que lo proponemos como una herramienta para revertir las situaciones que allí se ven. Es la primera vez que se hace, nunca antes el Estado lo concretó y por eso destacamos la participación interdisciplinaria de las dos universidades nacionales”, aducen en el documento.

Desde la Red de Organismos de Derechos Humanos en la provincia se advirtió que “la situación de las personas privadas de la libertad en lugares de encierro transitorio es verdaderamente alarmante en materia de garantía, respeto y realización de los derechos humanos”.

Las conclusiones a las que se arribó deben tener en cuenta que se trata de “decisiones presupuestarias ya que muchas de las mejoras de infraestructura no demandarían una importante erogación económica”.

Se reclama que falta capacitación idónea al personal policial y que “es significativa la ausencia de equipos interdisciplinarios (psicología, trabajo social, terapia ocupacional, enfermería, medicina, etc.) que puedan acompañar la estadía en los lugares de encierro transitorio, principalmente en lo que respecta a la contención emocional, salud mental y tratamiento de consumos problemáticos”.

El informe ejemplificó situaciones de personas “durmiendo en el piso, con frío y golpeadas”. “En las Departamentales no hay controles como lo existe en las Unidades Penales por parte de la Justicia que periódicamente deben dar cuanta del estado de las cárceles. Eso no pasa en las Jefaturas y eso es necesario mejorarlo”, puntualizó Tejera.

Otros puntos de ejemplo sobre la higiene fue la presencia de “sanitarios extremadamente sucios y con olores nauseabundos en la gran mayoría de las dependencias, a pesar de que en muchos casos los pisos se encontraban húmedos, notándose la reciente limpieza previa a la llegada del equipo de trabajo. Se recabó información acerca de la presencia de roedores, pulgas y sarna en la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, testimoniado por personas privadas de la libertad”.

PRECARIEDAD Y FALTA DE HIGIENE
“La mayoría de estas dependencias corresponden a estructuras edilicias muy antiguas. Algunas del siglo XIX y hasta con riesgo de derrumbe, como en el caso de Gualeguaychú”, señala el documento.

“En todas las dependencias policiales visitadas se pudo observar un buen estado general en el área administrativa y de atención al público en un contundente contraste con el área de celdas y alojamiento, se comprobó la precariedad general, tanto edilicia como higiénica en la que coexisten los detenidos. Si bien se advirtió la presencia de matafuegos, se verificó la escasa o nula señalización de salidas de emergencia”.

“Se verificó en la zona de celdas: humedad en las paredes y pisos, paredes sin revoques y/o pintura, pisos y cielorrasos rotos, conexiones eléctricas ex¬puestas y precarias, falta de iluminación artificial y natural, falta ventilación (ventanas selladas), falta de calefacción, sanitarios rotos, escaso acceso al agua corriente y en relación a la ropa de cama no se les otorgan sábanas ni almo¬hadas, y los elementos como colchones y abrigo de cama se encuentran en pésimas condiciones siendo proporcionados de manera escasa (una sola frazada por persona) y sólo durante la noche”.

Sobre la asistencia de salud señalan que “en la mayor parte de los casos los servicios médicos son precarios, los medicamentos que se encuentran son básicos o inexistentes y en caso de requerir un tratamiento específico se traslada al hospital público de cada localidad”.

A eso se suma la “mala calidad alimentaria. En la mayoría de los lugares sólo una o dos veces al día (almuerzo y, a veces, cena); no percibiendo desayuno ni merienda. Ausencia de plan nutricional e imprevisión para garantizar menús específicos para personas con ce¬liaquía, hipertensión, diabetes o cualquier otra condición crónica. Asimismo, la alimentación no se prevé en el presupuesto general de cada dependencia policial”.

Concluyen que “la alimentación, las condiciones de reposo, la atención médica, etc, no se piensan en función de las necesidades o especificidades de las personas detenidas”. Fuente: R2820

 

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