En el contexto de un caso que se remonta a 2019, el abogado Ernesto Rubén Figún ha formalizado una denuncia penal contra el administrador de Aduanas de Colón, Hugo Ramón Marsilli, y otros funcionarios, acusándolos de desobediencia judicial, incumplimiento de los deberes de funcionario público y depositario infiel. Esta acción surge tras la secuela de un proceso judicial en el que su cliente, Fernando Damián Reyes Ferreira, fue inicialmente acusado de posesión de semillas de marihuana, lo que resultó en el secuestro de su vehículo, un Fiat Fiorino.
Después de un largo proceso legal, el juez federal Dr. Hernán S. Viri dictó un sobreseimiento a favor de Reyes Ferreira, ordenando la devolución del vehículo. Sin embargo, al intentar recuperar el automóvil, Figún fue informado por las autoridades de Aduana que el vehículo había sido puesto a disposición de la Presidencia de la Nación sin ninguna notificación previa al juzgado o a la defensa. Este acto unilateral, según el abogado, viola el derecho de defensa consagrado en la Constitución Argentina.
Figún argumenta que la falta de comunicación sobre este procedimiento administrativo y la decisión de despojar a su cliente de su propiedad sin el debido proceso son acciones que deben ser investigadas. La denuncia se basa en la premisa de que el accionar de los funcionarios de Aduana no solo es ilegal, sino que también representa un grave perjuicio para su cliente, quien actualmente reside en España y depende de la restitución de su vehículo.
La denuncia ha sido presentada formalmente ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, donde se espera que las autoridades judiciales tomen las medidas necesarias para investigar los hechos y asegurar que se respeten los derechos de los ciudadanos en el marco de la ley.
