domingo, diciembre 8, 2024
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    Debaten un proyecto para que 742.000 personas puedan jubilarse

    La norma permitiría regularizar períodos faltantes de aportes hasta diciembre de 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas del haber jubilatorio.

    El proyecto de ley que establece un plan de pagos de deudas previsionales para que unas 742 mil personas que no alcanzaron a cumplir con los años de aportes puedan jubilarse este año comenzará a ser debatido hoy en una reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta.

    El encuentro se llevará a cabo desde las 14 en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, se informó hoy oficialmente.

    La iniciativa es impulsada por el Frente de Todos (FdT) y fue presentada hace poco más de un mes en una conferencia de prensa de la que formaron parte los jefes del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti y José Mayans, así como la presidenta de la Comisión de Trabajo, la bonaerense Juliana Di Tullio.

    La presentación del plan de pagos deberá obtener dictamen y, según fuentes del oficialismo, sería debatida en el recinto durante la última semana de junio.

    La norma permitiría regularizar períodos faltantes de aportes hasta diciembre de 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas del haber jubilatorio y que, de acuerdo a la cantidad de años a cancelar, serán 1, 30, 60 o 120 cuotas.

    De acuerdo con las estimaciones, en lo que resta de 2022 aproximadamente 500 mil personas en la edad jubilatoria ya cumplida podrían adherir a la Unidad de Pago de Deuda Previsional contemplada en la norma. Además, otras 300 mil estarían en condiciones de adherir en 2023.

    Se trata de personas que no han podido adherir a las moratorias anteriores por las restricciones que acumularon a partir de 2016, según explicaron.

    De acuerdo con datos oficiales, actualmente solo uno de cada diez mujeres y tres de cada diez varones estarán llegando a jubilarse este año con los 30 años de aportes exigidos y el resto se ve obligado a recurrir a la PUAM, una prestación sancionada durante el gobierno anterior y que otorga un 80% del haber mínimo.

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