La causa que investiga la comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas dirigidas directamente al consumidor está a cargo de la Agente Fiscal N°1, Dra. María G. Occhi. Los acusados son Luis Alberto Rodríguez, defendido por los abogados Pablo Sotelo y José Ostolaza, y Ramón Enrique Sosa, representado por la Defensora Oficial, doctora Valeria Irel.
Durante la audiencia, la jueza desestimó el pedido de nulidad presentado por la defensa de Rodríguez y decidió prorrogar su prisión preventiva por 90 días, ordenando que continúe su alojamiento en la Unidad Penal N° 4.
Por su parte, Sosa recibió una prórroga de las medidas de coerción previamente impuestas, que incluyen la obligación de fijar domicilio y la restricción de salir de la ciudad, salvo que cuente con autorización judicial para asistir a un centro de salud. Esta autorización deberá ser respaldada con la documentación correspondiente y estará bajo el cuidado de su hija, también por un plazo de 90 días.
