La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, ordenó hoy el cierre y la custodia de los despachos de Edgardo Kueider en el anexo de la Cámara Alta, ubicado en el ex edificio de La Caja, así como en el Palacio del Congreso. La medida se ordenó tras la solicitud de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado para desaforar y detener al dirigente peronista, detenido en Paraguay e investigado por contrabando.
La disposición de clausura de las oficinas se tomó para preservar posibles pruebas en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito que enfrenta Kueider, que aún cuenta con fueros parlamentarios. Las oficinas del entrerriano se ubican al lado de las que ocupa el senador Oscar Parrilli, el legislador K que el oficialismo quiere suspender.
El cierre que mandó a realizar la presidencia de la Cámara fue diferente respecto del despacho en el Palacio Legislativo y el anexo. Mientras en el anexo pusieron fajas de seguridad que corresponden a la custodia de la Cámara de Senadores, no de la Policía Federal, en el despacho que tiene asignado el senador en el tercer piso del Palacio colocaron custodia de la Casa. La orden de la custodia es no dejar entrar a nadie, y eso incluye a los trabajadores del despacho del entrerriano que se encuentra con prisión domiciliaria en Paraguay.
En paralelo, la jueza Arroyo Salgado ordenó una serie de allanamientos relacionados con la causa. Según fuentes, uno de estos operativos, llevado a cabo por la Gendarmería, se realizó en el edificio Live de la ciudad de Paraná, donde la empresa Betail SA figuraba como titular de varias unidades hasta mayo de este año. Además, se han efectuado allanamientos en Concordia, ciudad donde Kueider desarrolló su carrera política.
La jueza tuvo en cuenta que el senador realizó varios viajes a Paraguay en 2024, y cambió la titularidad de las expensas del edificio, en Paraná, donde tiene tres departamentos y dos cocheras. A criterio de Arroyo Salgado, esos movimientos podrían haber sido para ocultar pruebas.
Otro de los allanamientos se realiza esta mañana en la sede de la empresa Dujovne, las calles Bavio y Pellegrini, también en Paraná. Esa firma, junto con Caballi y Szcech conforman el Grupo CDS, que desarrolló el edificio Live.
La jueza Arroyo Salgado también ordenó allanamientos en la ciudad de Concordia, donde Kueider construyó su carrera política. Uno de los procedimientos, también a cargo de la Gendarmería, se lleva a cabo en la casa de Javier Rubel.
Rubel compró el 50% de Betail que tenía Daniel “Gonzalito” González, un veterano militante del peronismo concordiense. Pero la situación de Rubel comenzó a complicarse a fin de 2022: en ese momento, su ex pareja M.E.L. lo denunció con el abuso de sus dos hijas menores.
En mayo de 2024, se retrotrajo la venta de acciones de Betail y “Gonzalito” volvió a quedarse con el 50% de la firma. El trámite se hizo ante la escribana Natalia Goñe, que tiene el Registro Notarial 20 de Concordia cuyo titular, hasta su muerte en 2023, fue Amado Ismael Kueider, tío de Edgardo y de Rubel. También está siendo allanado.
En total, son 12 allanamientos en simultáneo, según pudo saber este medio de fuentes judiciales. Entre los procedimientos se destaca uno en la casa de la familia de Iara Guinsel Costa, también oriunda de Concordia. La madre de esa joven, Celina Erica Costa, fue nombrada por el senador Kueider “para cumplir funciones en su despacho”. Lo hizo mediante la Resolución 910/2024 con fecha 20 de agosto. Una semana antes, la joven secretaria había sido dada de baja en el Senado por el escándalo con los departamentos.
El Senado analiza la expulsión de Edgardo Kueider y Oscar Parrilli
La sesión en la Cámara alta que discute la expulsión sumaria de Edgardo Kueider, preso en Paraguay por llevar 200 mil dólares sin declarar, y Oscar Parrilli, por afrontar un juicio por “traición a la Patria”, reavivó la discusión sobre el antecedente que dejará la decisión que se tome hoy para el resto de los legisladores que tienen causas penales en diversas instancias en tribunales argentinos.
Un listado que se conoció hoy destaca que al menos una treintena de referentes de todos los espacios políticos fueron denunciados y tienen procesos abiertos en la Justicia Penal, en distintas instancias, y que podrían ser pasibles de recibir la misma regla que se le va a aplicar al legislador entrerriano. A Kueider la mayoría del cuerpo está dispuesto a expulsarlo, pero en Unión por la Patria se resisten a equiparar ese caso con el del colaborador más cercano de Cristina Kirchner.
Entre los legisladores figuran Eduardo “Wado” De Pedro, que fue acusado junto a otros funcionarios y Alberto Fernández por “defraudación por administración fraudulenta y malversación de caudales públicos” durante su paso como ministro del Interior. También tiene otros procesos, como abuso de autoridad, incitación a la violencia, y hasta sedición.
Una de las figuras clave de la bancada de UP, que hoy tuvo el discurso más vehemente para expulsar a Kueider por haber sido descubierto con 200 mil dólares en una mochila, fue acusada por el delito de “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”, en una causa que está en el juzgado federal 11, de Comodoro Py. Otro caso es el de Gerardo Montenegro, que fue investigado por delitos de corrupción y por su patrimonio, como así también por abuso de autoridad y otros tipos penales.
También figuran Kueider, Parrilli, José Mayans, Lucía Corpacci, Mariano Recalde, Sergio Uñac, Juliana Di Tulio, Daniel Bensusán, Claudio Doñate, María Eugenia Duré, María Teresa González, Claudia Ledesma de Zamora, y Silvina García Larraburu, entre otros dirigentes del bloque Unión por la Patria. También aparecen en las bases de datos del Poder Judicial, Guillermo Andrada, Nora del Valle Giménez, José Emilio Neder, Silvia Sapag, Sergio “El Oso” Leavy, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida Cristina López, Sandra Mendoza, María Inés Pilatti Vergara y Antonio José Rodas.
Pero también hay casos en La Libertad Avanza, como Bartolomé Abdala, Luis Juez, que fue acusado por Luis César Galván; o el radical Martín Lousteau, que tiene un proceso abierto en el juzgado Federal N° 10. O Lucila Crexell, la senadora por el Movimiento Popular Neuquinoo, que fue acusada por “cohecho” por supuestamente haber votado a cambio de ser nombrada como embajadora ante la UNESCO.
Si bien la mayoría de los senadores afrontan causas penales por “violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, hay casos concretos donde los procesos que enfrentan son más graves, como “defraudación contra la Administración Pública, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública”. Fuente: Infobae
