La audiencia, que se extendió durante tres horas fue convocada por el juez Federal de Gualeguaychú Hernán Viri y participaron Hernán Orduna, delegado de la Comisión Administrativa del Río Uruguay (CARU, el intendente Martín Piaggio; la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Daniela García; el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; representantes del Ministerio de Ambiente de la Nación, peritos de la Policía Federal e integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.
Tanto los funcionarios como dirigentes políticos enfatizaron que la República Oriental del Uruguay violó en forma reiterada el Digesto del Río Uruguay y, además, la delegación uruguaya de la CARU se negó a publicar datos sobre las auditorias y monitoreos a la planta de celulosa de UPM Botnia.
En declaraciones a R2820, el juez federal Hernán Viri resaltó que “los ocho expositores pudieron en sus 15 minutos explayarse sobre las consideraciones jurídicas, técnicas y sociales del funcionamiento de la empresa y de la problemática ambiental”.
“Esta audiencia fue grabada y será incorporada al expediente como la documentación que presentaron algunas partes», dijo en referencia a estudios de CARU. Agregó que “será tenida en cuenta y, eventualmente, evaluada para cualquier consideración tenga que disponer”.
Viri anticipó que “si bien no hay plazos para una resolución, esta es una medida de prueba más muy importante. Espero el resultado de otras medidas y en las próximas semanas dispondré de una gran cantidad de actuaciones probatorias, para luego sí analizar en conjunto la prueba y arribar a una decisión”.
Hernán Orduna, en su exposición, aseguró: “Se violó el Digesto del Río Uruguay por el vecino país. Las eventuales modificaciones que se hicieron fueron disminuyendo las exigencias técnicas fijadas en 1990 y eso no se podía hacer, pero Uruguay por decreto lo hizo”.
Por otro lado, el funcionario advirtió que durante este año no hubo controles ambientales a UPM Botnia. “La planta UPM vuelca a río Uruguay como efluentes cinco veces más que toda la ciudad de Fray Bentos, es decir, UPM tira al río lo mismo que demandarían cinco ciudades juntas”.
El exintendente de Concordia marcó también los incumplimientos por parte del Uruguay del fallo del Tribunal Internacional de La Haya del 20 de abril de 2010. «Hubo una serie de obstrucciones por parte de la República Oriental del Uruguay para la ejecución de la sentencia. Hubo intentos en la CARU de acordar una ejecución, pero se negaban a que se haga control sobre la empresa Botnia», recordó.
A su turno, Rodríguez Signes destacó que “la provincia mantiene un interés enorme sobre esta cuestión y el cumplimiento de las resoluciones que en su momento dio la Corte de La Haya”.
Signes dijo que “Entre Ríos monitorea el control de las emisiones por parte de la empresa UPM. La secretaria de Ambiente dio detalles de esos controles que realiza Nación sobre el agua, el aire y la tierra”.
Finalmente, en el cierre de la audiencia, el intendente Martín Piaggio valoró “la lucha ambiental y el hito que significó Gualeguaychú” en ese sentido en el país a partir de la oposición a la instalación y funcionamiento de la pastera UPM ex Botnia.
Se trató de una audiencia pública de carácter informativa rn el marco de los autos caratulados “UPM (ex BOTNIA) y otro s/ INFRACCION LEY 24.051 (ART. 55)”, en trámite por ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del juez Hernán Viri.
Dieron su testimonio también el fiscal federal Pedro Rebollol; Carlos Goldaracena de la Asamblea Ambiental Gualeguaychú, el comisario y químico Alberto Candia; la directora de Laboratorio del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Silvina Ambrosio, y Jorge Etcharrán, del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Fuente: R2820/UNO
