El Consejo General de Educación (CGE) anunció este miércoles que realizará mediante un formulario individual y personal en el Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE), un relevamiento mensual sobre la prestación de servicios docentes y no docentes en las instituciones educativas de la provincia, tanto públicas como privadas.
Esta medida generó el rechazo de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), que calificó el anuncio como una “práctica persecutoria” y anunció que presentarán acciones “en defensa de los derechos gremiales y laborales de todos los docentes afectados”.
Para hacer referencia a la Resolución 2771/24 y la Circular 14/24 del CGE, la Comisión Directiva Central de AGMER difundió un comunicado para expresar su rechazo por entender que se están ante “prácticas persecutorias”, que buscan “intensificar las acciones patronales en detrimento del colectivo docente”.
Estas medidas, según el sindicato, “generan un mayor malestar entre los docentes, sobrecargan su labor y saturan las tareas administrativas, todo con el objetivo de atacar una huelga que se ha manifestado de manera contundente”.
El rechazo del sindicato se basa en las recientes declaraciones del gobernador Rogelio Frigerio, quien propuso una mejora salarial que ya había sido rechazada por los docentes. El sindicato señala que el gobierno decidió enfocar recursos y esfuerzos no en mejorar las condiciones salariales, sino “en reprimir las acciones de lucha del profesorado”.
Sobre la Resolución 2771/24, el sindicato manifestó que fue emitida “de manera expedita”, e impone “un mecanismo de Declaración Jurada sobre la asistencia de los docentes durante los días de huelga, extendiendo esta obligación a un mayor número de días. La Circular 14/24 recuerda a los Equipos Directivos la vigencia de normativas relacionadas con la información en el sistema SAGE, lo que evidencia una sobreabundancia de requerimientos administrativos que parecen estar dirigidos a socavar el derecho a huelga”.
Además, la carga de la Declaración Jurada se extiende a días en los que no hay medidas de fuerza, lo que se traduce en una sobrecarga laboral injustificada. El sindicato cuestiona la supuesta mejora en las trayectorias de aprendizaje que el gobierno menciona en sus considerandos, argumentando que la sobrecarga administrativa interfiere con este objetivo.
En respuesta a estas normativas, la Comisión Directiva Central de AGMER instruyó a sus abogados a presentar acciones “en defensa de los derechos gremiales y laborales de todos los docentes afectados”.
